Traición a la patria
Gerardo Fernández Casanova
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Una filtración informativa, como suelen ser las publicadas por Carlos Loret de Mola y el diario Reforma, trajo a la mesa de los debates el tema de la traición a la patria, en tanto que delito punible. Se dice que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de control la orden de aprensión contra Luis Videgaray Caso, titular de las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto, por el referido delito entre otros, y que no mereció la aprobación por el juez del caso. El tema navega en el océano de la especulación; a pregunta expresa en la conferencia matutina, el presidente respondió en el sentido de tener alguna información sin confirmar y remitiendo al reportero a la Fiscalía General de la República que es una entidad autónoma; por su parte la FGR emitió un escueto boletín indicando que no había recibido el rechazo a ninguna solicitud de aprehensión por parte de juez alguno, sin entrar en mayor detalle, como suele ocurrir en los casos en proceso que deben respetar el sigilo judicial. De la especulación tomo sólo dos asuntos: sí hay procedimiento incoado a Luis Videgaray y, muy extraña o dudosamente, se habla de traición a la patria.
Respecto de Luis Videgaray tomo una frase que recién escuché de alguien: “No tengo duda alguna de que es un delincuente, pero tengo todas las dudas de poder demostrarlo”. Hay que recordar que, en su caso, se le perseguiría por delincuente, mas no por tarugo; no es algo sencillo hacer justicia en tales circunstancias.
Por lo que hace al asunto de la traición a la patria, celebro con entusiasmo su inclusión en la agenda de discusión. No el delito formal, cuya letra compite en anacronismo con el Himno Nacional: “…mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo…”, y referirse a la colaboración con una potencia extranjera capaz de invadir el territorio; para México eso es algo pre-decimonónico. Lo trascendente es el espíritu del tema, respecto del cual habría que escribir un nuevo tomo del Código Penal para describir las mil formas en que la patria ha sido y es traicionada; también habría que multiplicar varias veces la capacidad carcelaria para dar cabida a tantos como han traicionado el interés de la nación.
Nuestro vecino del norte –única potencia de la que debemos temer– no necesita de ejércitos poderosos ni armadas invencibles para someternos, le basta con la oligarquía criolla y la tecnocracia formada en sus universidades para lograr sobreponer sus intereses a los nacionales, sin necesidad de disparar un tiro. Así ha sido, como también lo es que hoy la intención de dispararlo encontraría la respuesta de todo un pueblo en defensa de la patria.
El ariete de la más furibunda invasión pacífica de los últimos tiempos se llama Carlos Salinas de Gortari, desde que fungía como secretario de Programación y Presupuesto con Miguel de la Madrid y derrotó a Jesús Silva-Herzog Flores en el tema de la negociación de la deuda externa. Desde entonces el sujeto abrió las p…uertas a la cómoda invasión yanqui al país; así garantizó su candidatura a la presidencia y así se atrevió a perpetrar el más burdo fraude electoral, siempre con la complacencia del gran capital internacional.
Lo primero que habría que hacer era desmantelar al Estado mexicano –último baluarte del nacionalismo revolucionario– y lo hizo con singular alegría. Después la cauda de privatizaciones, aderezada con el privilegio a los cuates; para rematar en la entrega del mercado mexicano a la inversión y la industria extranjera, mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual fue mendigante promotor.
Por aquello de que “de beber y cantar todo es cosa de empezar” sus sucesores en el cargo (y encargo gerencial) y sin distingo de partidos, entraron al concurso del más entreguista. Con Enrique Peña Nieto como el más audaz y efectivo dador de la riqueza nacional a los particulares, principalmente extranjeros. Así se llegó al casi total desmantelamiento del país, no sólo del Estado.
Todo esto se llama: traición a la patria, y el pueblo lo castigó en las urnas el 1 de julio de 2018. No satisfecho, el pueblo ahora quiere castigar con toda la penalidad posible a los traidores, aunque no se registre en el código; como sea que se castigue, pero no permite la impunidad. El daño ha sido mayúsculo, habrá que subsanarlo por amor a la patria.
Federalismo, aporte de la 4T
Gerardo Fernández Casanova
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México, como nación independiente, nació como una monarquía imperial de efímera vigencia. Al derrocamiento de Agustín de Iturbide se promulgó la Constitución de 1824, híbrido entre los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán con la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, a la sazón la Meca de la Ilustración y del liberalismo. Con ella dio inicio la permanente lucha entre los liberales federalistas y los conservadores centralistas, con la veleidosa figura de Antonio López de Santa Anna como árbitro cambiante.
No fue sino hasta 1856, con el triunfo de la Revolución de Ayutla encabezada por Juan Álvarez que se redactó la Constitución de 1857, de corte esencialmente liberal y federalista cuya aplicación diera lugar a la Guerra de Tres Años entre liberales comandados por Benito Juárez y conservadores liderados por el clero católico y Miguel Miramón. Perdida la guerra por el clero y los conservadores, éstos acudieron a solicitar a las monarquías europeas la designación de un príncipe para que rigiera los destinos de un México muy debilitado por las guerras intestinas. Napoleón III aprovechó la circunstancia para hacerse de una posesión colonial en América, cuando Estados Unidos se desgarraba en la Guerra de Secesión y otorgó el soporte militar y financiero para imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, con lo que la guerra recién terminada se reinició, ahora contra el Ejército francés, entonces el más poderoso del mundo.
Nuevamente Benito Juárez y su tenacidad logaron resistir el desgaste de la guerrilla mexicana cuyo costo ya no fue rentable para Francia, ante la amenaza de la guerra con Prusia y el triunfo de los liberales en Estados Unidos. Retirado el Ejército francés el triunfo liberal concluyó con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro. La República Federal fue restablecida, por lo menos en lo esencial, aunque las entidades federadas poco contribuyeran a la exangüe Federación. Tuvo que llegar la dictadura de Porfirio Díaz, que mantuvo la forma federal, pero gobernó con férrea mano centralista.
Derrocada la dictadura porfirista, Francisco I. Madero el Apóstol de la Democracia, ejerció el federalismo durante los 14 meses de su mandato, destituido por un golpe de Estado militar apadrinado por la embajada yanqui: el nuevo dictador Victoriano Huerta pretendió restablecer la forma porfirista de gobernar concentrando el poder nacional en su propia figura. El ejército constitucionalista convocado por Venustiano Carranza y con apoyo en los ejércitos campesinos de Emiliano Zapata y Francisco Villa derrocó al usurpador y se dio lugar a la tercera fase de la Revolución mexicana bajo cuya férula se redactó la Constitución Mexicana de 1917, reafirmando el sentido federalista y liberal de la de 1857, con la innovación de incluir los derechos sociales a la tierra y al trabajo digno, así como la reivindicación del dominio de la nación sobre sus recursos naturales.
La inestabilidad reinante en el país no produjo las condiciones para un ejercicio federalista auténtico. En los gobiernos posrevolucionarios, con partido único y presidencialismo autoritario, tampoco se vivió el régimen federal, aunque la Constitución lo mandase; la prioridad era mantener la cohesión del país, muy tentada a la dispersión al estilo de los países centroamericanos. Fiscalmente, el principal aporte provenía de las aduanas y de la actividad económica de la capital, en los estados se padecía de pereza para el cobro de impuestos. Así se llegó al Pacto de Coordinación Fiscal, en el gobierno de José López Portillo, por el que la Federación se hizo cargo de cobrar los impuestos y derechos federales, los que regresaría a los estados mediante una fórmula redistributiva convenida; todavía eran los tiempos del partido único y la fórmula resultó laxa para permitir al presidente premiar o castigar a los gobernadores a su conveniencia política.
En la alternancia del 2000, Fox mantuvo la fórmula manejada por Francisco Gil Díaz, discípulo de Carlos Salinas, como secretario de Hacienda, quien ejerció el poder fiscal con mayor virulencia que en los regímenes priistas. Con el auge de los ingresos petroleros, Felipe Calderón aceptó ciertas modificaciones a la fórmula en beneficio de los gobernadores del PRI que operaban a sus anchas como virreyes en sus estados. Lo más escandaloso sucedió bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, las entregas a los estados se hacían al contentillo del cuasi vicepresidente Luis Videgaray y con destino a campañas electorales.
En realidad, el federalismo fiscal sólo ha venido a ser aplicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, basado estrictamente en la fórmula de la ley ha entregado cabalmente las participaciones a los estados sin mediar filias ni fobias. Francamente los 10 gobernadores de la que llaman Alianza Federalista carecen de razón en su exigencia por más recursos, más aún, carecen de autoridad moral porque ante la crisis mantienen sus lujos y privilegios onerosos. Es pura politiquería electorera, interesada en descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación.
