Colombia entrena a más de mil mercenarios
para sabotear a nuestras legislativas: Maduro

José Luis Alonso Vargas / Hacia la construcción de la patria grande
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I. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció que desde Colombia se planean acciones para sabotear los comicios del próximo 6 de diciembre, pero advirtió que su gobierno está preparado para hacer frente a estas amenazas.

En una operación dirigida a “sabotear el clima político y electoral” de Venezuela, más de mil mercenarios estarían bajo entrenamiento del Ejército Nacional y las estructuras de inteligencia de Colombia, afirmó.

Durante su participación en el Festival Internacionalista de los Pueblos en Resistencia, el mandatario precisó que esto ocurre “bajo el conocimiento, el amparo y el apoyo del presidente Iván Duque”.

Maduro Moros apuntó que Venezuela tiene que activar todos sus mecanismos de inteligencia, de protección, sociales, políticos, militares, policiales; porque es un país bajo asedio, y extendió una invitación a los movimientos y organizaciones sociales, para que asistan como observadores internacionales de los comicios parlamentarios.

El mandatario enfatizó en que en este nuevo proceso electoral, se renovará la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, y durante el sufragio se contará con todas las garantías constitucionales, así como las medidas de bioseguridad correspondientes, para evitar la propagación de covid-19.

II

Faltan pocos días para que se celebren las elecciones generales en Bolivia, una nación que por casi un año ha sido conducida por un gobierno golpista, profundamente antipopular y entreguista.

Una simple mirada a la gestión de Jeanine Áñez, presidenta de facto, hace saltar a la vista sus desacertadas decisiones en materia de salud, políticas públicas, relaciones internacionales y economía.

Este último aspecto es uno de los más preocupantes. El retroceso económico que presenta hoy Bolivia deshace la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), que convirtió a ese país en el de mayor crecimiento económico en América Latina.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Columbia, Bolivia está ahora en la cola de los países del continente con menor porcentaje de su PIB dedicado a políticas fiscales expansivas.

El mismo análisis amplía que la caída de la economía es del 6%, cifra muy similar a la estimada por el Banco Mundial y por el Banco Central de Bolivia; aunque seguramente el declive será mucho mayor si sigue el ritmo de actualizaciones a la baja que vienen haciendo la mayoría de los organismos internacionales.

Luego del ciclo largo de políticas exitosas implementadas por el MAS, donde el PIB de Bolivia pasó de 9 000 millones a 40 000 millones de dólares, mientras que la pobreza extrema se redujo del 38% a 15%; la ineficacia del gobierno de Áñez frente a la pandemia ha provocado que 2020 sea el peor año económico en décadas. Y lo más preocupante de esta situación es que aún se puede agravar más.

El futuro económico y social de Bolivia resulta más turbio cuando se acercan unas elecciones que pueden ser fraudulentas. Son claras las intenciones de la derecha boliviana de impedir el triunfo del MAS a como dé lugar.

En ese escenario, se mueven también fuerzas que intentan mediatizar la derrota de la derecha ante la fuerza del MAS, todo menos su regreso al poder, con una alternativa menos “radical” y popular. En economía no ocurren milagros y esta realidad afectará al gobierno que resulte electo, sea cual sea.

III

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) rechazó las medidas coercitivas anunciadas por parte del gobierno de Estados Unidos contra dos funcionarios de la República de Nicaragua.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, esta plataforma de integración latinoamericana y caribeña, señaló que las acciones contra la fiscal general, Ana Julia Guido de Romero, el secretario de la presidencia, Paul Oquist, y la Institución Financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL son unilaterales y violatorias del derecho internacional.

Ratificó, además, la solidaridad de sus países miembros al gobierno y pueblo nicaragüenses, destacando el compromiso de esa nación con la paz y el desarrollo de políticas de unidad nacional a través del diálogo.

En un comunicado oficial, la Alba-TCP califica como unilaterales y violatorias del derecho internacional las acciones contra la fiscal General, Ana Julia Guido de Romero, el secretario de la Presidencia, Paul Herbert Oquist y la Institución Financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL.

El organismo integracionista "repudia la promoción de este tipo de acciones, que violan los preceptos fundamentales de la Carta de Naciones Unidas" y evidencian "el carácter criminal de un Estado que no respeta el derecho internacional y pretende imponer su voluntad por la vía de los hechos y no del derecho", señala el texto.

“El Alba-TCP hace un llamado a la comunidad internacional y, en particular, a los pueblos del mundo a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre determinación e independencia de los Estados”, culmina el comunicado.

El 9 de octubre Departamento del Tesoro estadunidense emitió un anuncio sobre nuevas medidas contra los funcionarios y la institución por presuntamente “violar los derechos humanos” en Nicaragua.

Durante los últimos años, la Casa Blanca ha convertido en práctica sistemática las sanciones contra empresas, ejecutivos y altos funcionarios de gobiernos no afines con su política, como Nicaragua, Venezuela, Irán, Cuba y otros. Ese ejercicio se ha intensificado bajo la administración de Donald Trump.

IV

Minga social colombiana denuncia la militarización ordenada por el gobierno. Organizaciones que hacen parte de la Minga del Suroccidente que marcha desde el lunes 11 hacia la ciudad de Cali, denunciaron el hecho de que el gobierno de Iván Duque determinara militarizar la vía Panamericana en Cauca, de acuerdo con un comunicado emitido por una comisión del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), en Colombia.  Las comunidades de la Minga del Suroccidente reiteraron que su protesta es pacífica, pero advirtieron que, si son provocadas, el gobierno debe asumir las consecuencias. Según el coordinador del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Joe Sauca, el mensaje de Duque, con la militarización de la vía, no es positivo, pues más que una voluntad política se pretende demostrar represión con el uso de la fuerza pública.

 

 

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