El sistema penitenciario nunca debió privatizarse
Sergio Pérez Gavilán / Investigación de Asistencia Legal
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En los últimos días se ha hablado sin cesar sobre un tema que el gobierno federal decidió poner en la agenda pública: los contratos de los Centros por Prestación de Servicios (CPS), es decir, Centros Federales de Reinserción Social construidos a partir de la iniciativa privada en 2010. De los 17 Ceferesos en existencia, actualmente y desde entonces, ocho fueron construidos y son operados bajo este esquema.
En la mañanera del 13 de enero se habló de los contratos y la corrupción, de los elevados costos y el desperdicio de dinero público en el sistema. Básicamente, de los temas que parecen resumir al sistema penitenciario para las autoridades: presupuestos, ahorro y la economía del sistema de justicia. Ese mismo día, 21 organismos de la sociedad civil que tratan con el sistema penitenciario, reclamamos lo evidente: está bien atacar la corrupción, pero no se puede hablar de prisiones sin explicarlas desde la continua catástrofe de derechos humanos que significan.
Los contratos de asignación directa por Genaro García Luna durante la administración de Felipe Calderón sucedieron en 2010 y se seguirán pagando hasta dentro de 10 años. Pero, ¿bajo qué contexto?, ¿por qué razones?, ¿por qué se debería privatizar el sistema penitenciario federal? Y ¿cómo no fue posible prever o frenar el tamaño de la corrupción que se podría generar y, aún más, el evidente lucro de la encarcelación de más personas y el populismo punitivo con el que se poblaron las cárceles? En suma, se debe atender el problema central de los CPS: ¿por qué es inhumano hacer prisiones privadas?
El contexto de la Guerra contra el Narco suplantó la necesidad de tomar acción frente al crimen organizado desde una perspectiva militarista y penal. Para ello, Calderón asignó a García Luna la modernización de todo el aparato de seguridad del país, lo cual significó miles de millones de pesos en infraestructura, en un nuevo modelo de vigilancia de la población y, por supuesto, la creación de prisiones que atendieran las demandas de un nuevo auge de encarcelación masiva que creara la “búsqueda” por terminar con el narcotráfico.
Este nuevo auge, sin embargo, configura el primer problema con respecto a estos centros: acorde al esquema de contratación que se expuso en la conferencia matutina del 13 de enero se deben poblar independientemente de las acciones que lograran las autoridades para atacar el narcotráfico, pues la naturaleza de los contratos demanda que el gobierno pagara por el uso, mantenimiento y creación de instalaciones con independencia de las cantidad de personas. Obviando el tema de la opacidad de los contratos, esto generó que dentro del sexenio de Calderón y posteriores, hasta la fecha, se ampliara y normalizara el abuso de derechos humanos, a partir del uso y abuso de prisión preventiva. Con señalar que el artículo 19 de la Constitución –donde se estipula el uso de esta herramienta de encarcelamiento–, de 2006 a 2020 se ha reformado tres veces. Una medida que debería ser excepcional se convierte en norma que rige la política criminal en México. Esto, simplemente, es llamado populismo punitivo. Una aproximación a la teoría penal en la que se cree, infundadamente, que a mayor encarcelación menor impunidad, menor reincidencia y un aparato de justicia más sólido. De las tres cosas, ninguna se ha logrado: la cifra negra entre 2014 y 2018 se ha mantenido en promedio en 93.3 puntos porcentuales; la reincidencia delictiva a través de los años sigue de manera constante y, de hecho, estas mismas reformas han hecho más probable que nunca ser reincidente después de un conflicto con la ley penal; y, por último, el aparato de justicia mexicano ha perdido solidez y legitimidad por la combinación de ambos factores de impunidad y reincidencia. Por lo tanto, se ha quedado en velo ese primer argumento como un vacío en el cual, como lo hemos dicho anteriormente, afecta desproporcionadamente a poblaciones vulnerables como lo son mujeres, indígenas y personas LGBTTTI.
La noción de que las prisiones privadas más bien fueron creadas por el patente olvido al sistema penitenciario de gobiernos anteriores al de Calderón, pareciera un argumento convincente. En efecto, desde antes de Calderón e incluso posterior a él, la calidad y vida del sistema penitenciario estatal y federal público está absolutamente precarizada: autogobierno, hacinamiento, tortura, pésima infraestructura, corrupción y más son facciones normalizadas en todos los centros del país. Sin embargo, el olvido, visto desde un punto de vista presupuestal, no existe. Y desde un punto de vista humano, es evidente.
Desde 2001 y hasta 2012, el presupuesto otorgado a Readaptación Social se incrementó en 1754%. Si había olvido anterior al sexenio de Vicente Fox podría ser válido usar el argumento. Pero después de él, entre 2001 y 2006, ya se había incrementado en 257%. No había un olvido presupuestario de ningún tipo en ese entonces, y mucho menos hay uno hoy en día. Más bien, en el contexto de la “guerra sin cuartel” de Felipe Calderón la excusa para el punitivismo, el recrudecimiento de penas y la encarcelación masiva de mexicanos, encontró su materialización en un sistema penitenciario fértil para intereses económicos de gran ambición.
En la actualidad, mientras el gobierno federal menciona que los CPS fueron contratos abusivos que deben revisarse y cesarse, estos aumentos presupuestales no se han detenido. En cualquier caso, se han recrudecido y profundizado en el Sistema Penitenciario Federal. Acorde al INEGI en el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF 2020), publicado el 27 de enero, el Sistema Penitenciario Federal ejerció 21 mil 470 millones de pesos en 2019, un incremento de 43.6% con respecto de 2018.
A su vez, acorde al semanario Proceso con información del INEGI, en 2018 el monto otorgado a los CPS aumentó 24.5%, de 14 mil 154 millones a 17 mil 558 en un año –prácticamente el presupuesto completo que se le destinaba en 2017, de 3 mil 61 millones–, y en 2019 subió aún más a 18 mil 95 millones. Esto quiere decir que de los 21 mil 470 millones destinados en 2019, el 84 % se fue a manos de los empresarios que se les concesionaron los contratos. De hecho, el mismo CNSPEF 2020 señala que los ocho centros superan con creces al resto del Sistema Penitenciario Federal en términos de presupuesto; el más caro, CPS 17 Michoacán, con 2 mil 602 millones asignados, rebasa el promedio de todos los Ceferesos no privados, el cual suma 788 millones.
Fue el mismo CPS 17 de Michoacán el que se encuentra bajo asedio por abusos graves a la dignidad humana, con mecanismos de tortura institucionalizados y diversos mecanismos de supresión a las personas privadas de libertad. Y en cuanto al resto, el CNSPEF señala que dos de ellos, CPS 16 Morelos y CPS 15 Chiapas, lideran la lista de quejas por centro penitenciario.
Sí existe un olvido, pero no del sistema, sino de las personas. El Sistema Penitenciario Federal actualmente está encontrando un lucro vulgar e inhumano con la privación de libertad de las personas y no atiende al interés de la persona ni a la reinserción social. El esquema a través del cual se generaron los CPS es inhumano porque entra en una disonancia absoluta con los fines del sistema penitenciario, los fines que buscan la sociedad mexicana establecidos en su Constitución y, a fin de cuentas, con el proyecto de una nación libre y próspera para todas las personas que habitan en ella. Si debiéramos tratar a las personas como fin único e irrevocable de la razón de existir de un sistema penitenciario, el interés privado no debe de tener cabida en la injerencia política y económica que se tiene con ellos. Si el gobierno federal decidió poner el dedo en la llaga de los CPS, entonces que no haya un doble discurso, que no se les destine más presupuesto y que se cancelen esos contratos con la urgencia que demanda.
