Por qué no endeudar a México
Gerardo Fernández Casanova
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La crisis provocada por la pandemia del covid-19 ha exigido cuantiosos recursos del erario para su atención y, puede decirse, que ya se han aplicado y que se dispone del dinero necesario para la adquisición de la vacuna en cuanto esté disponible en condiciones de seguridad. La crisis económica derivada implica una doble dificultad: la inyección de recursos públicos destinados a la recuperación de la actividad productiva y la reducción de los ingresos fiscales generada por la baja en la referida actividad. El gobierno de la Cuarta Transformación ha diseñado y ejecutado una forma diferente en lo relativo a la reactivación económica, al otorgar cuantiosos recursos a las micros y pequeñas empresas y a la gente de menores recursos, con la finalidad de proteger a las capas más vulnerables de la sociedad y de asegurar su capacidad de consumir, con lo que se fortalece el mercado interno. En alguna medida –buena diría yo– el diseño ha mostrado eficacia y se recuperan los empleos perdidos y el comercio menudista registra incrementos importantes.
No obstante los esfuerzos de combate a la corrupción, de reducción del gasto superfluo y de evitar la defraudación fiscal, la hacienda pública queda con un muy reducido margen de maniobra; el presupuesto para 2021 registra severas reducciones y elevados reclamos de recursos en todas las esferas de la actividad gubernamental.
Ante tal circunstancia las recetas economicistas indican medidas como la adquisición de recursos por vía de la deuda externa y el aumento de impuestos o de los precios de los servicios prestados. El presidente asumió en campaña el compromiso de no acudir a ninguno de tales recursos. Pero no sólo por haberlo comprometido, la irrupción de la crisis sanitaria exógena pudiera justificar su incumplimiento, sino por la inconveniencia de su aplicación, recomiendan el estricto cumplimiento.
En lo tocante a los impuestos, un aumento sería contraproducente cuando de lo que se trata es de proteger el consumo mayoritario y de facilitar la inversión de las empresas; además debe agotarse previamente el expediente de cobrar a los grandes consorcios que evaden o eluden la contribución; no es válido cobrar más a los que siempre han llevado la carga. Se pretende demostrar un manejo honesto y correcto de los recursos para transmitir la confianza y pasar del concepto de impuesto al de contribución. Es un concepto político y de ética administrativa, pero de una muy alta rentabilidad fiscal.
Por lo que se refiere a la deuda externa, la prevención es producto de la experiencia histórica, no nada más por la decimonónica que nos significó bloqueos e invasiones, sino por la reciente de los últimos 50 años. José López Portillo cayó en el garlito de la sobreoferta de recursos financieros en el mercado mundial para proyectos de infraestructura y de producción petrolera, con base en los bajos intereses y los altos precios de los hidrocarburos; en 1981 el esquema registró un giro de 180 grados: se elevaron súbitamente los intereses y se derrumbó el precio del petróleo; el país cayó en moratoria del pago de la deuda externa y de ahí llegó la negra noche del neoliberalismo impuesto a la hora de la renegociación de una deuda impagable. El Fondo Monetario Internacional intervino la administración financiera con sus personeros en la hacienda pública y dictó la política económica mexicana, al igual que la de la mayoría de los países latinoamericanos. A partir de Miguel de la Madrid el patrimonio nacional fue privatizado, los salarios constreñidos y la soberanía extinguida, al inicio a regañadientes y luego con singular alegría a partir de Carlos Salinas de Gortari. Hubo que librar heroicas batallas en salvación de la patria, hasta que en 2018 se logró sacar del gobierno a los que fungían como esbirros del referido organismo internacional y emprender un proyecto alternativo de nación. En ese momento la deuda se había multiplicado por mucho y el país está ahogado pagando más de 700 mil millones de pesos cada año, sólo por concepto de servicio de la deuda. Esta es la principal atadura presupuestal mexicana.
Hoy nuevamente recorren el mundo los promotores del financiamiento, ofreciendo todas las maravillas y facilidades, pero… ¿y luego? La corrupción ya no es negocio para los dólares del garlito.
Es tiempo de diseñar un esquema soberano de renegociación.
Hay que acelerar lo que quieren pararnos
Gerardo Fernández Casanova
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El desplegado de algunos intelectuales, académicos, artistas y periodistas en el que se reclama al presidente de la república por lo que, ellos dicen, son atentados contra la libertad de expresión y la democracia, concluye categóricamente: ESTO TIENE QUE PARAR. Independientemente de la falsedad de los argumentos que dan pie a tan enérgica exigencia, la pregunta a formular es sobre cuál es el derecho que les autoriza para formularla; quién les otorga la facultad de erigirse en los censores de la actuación de la autoridad y ordenarle se detenga y desista de ella. Desde luego que tienen todo el derecho a criticar y a no estar de acuerdo con la acción gubernamental, pero eso no significa que puedan dar órdenes al presidente, tal como los firmantes pretenden. En tratándose de académicos e intelectuales la palabra escrita debe ser escrupulosamente cuidada, a riesgo de poner en duda la calidad profesional con la que pretenden avalar sus erróneas aseveraciones. Así las cosas, un lego como yo me sentiría autorizado a exigirles ejercer fornicio con su señora madre, aunque sin el dinero necesario para publicarlo a plana entera en todos los periódicos del país, lo cual me llevaría a quejarme por atentar contra mi libertad de expresión: libertad que tiene que pagarse con dinero no es libertad.
La respuesta del presidente me satisface. Nunca en la historia se ha registrado tanta libertad de expresión como la que hoy se vive en el país; no hay límite ni censura; a nadie se persigue por exponer su pensamiento, aunque sea ofensivo y erróneo. Dos terceras partes (mayoría calificada) de los artículos de opinión en los principales medios escritos son contrarios al presidente; poco menos que el 70% de aprobación social a su administración, por cierto. La única diferencia es que la tan socorrida libertad de expresión es también un derecho del presidente, quien lo ejerce diariamente ante los propios medios y ante millones de mexicanos que lo ven y escuchan sin que nadie los obligue.
No cabe duda que vivimos tiempos inéditos o, mejor dicho, insólitos. El debate está a la orden del día. La información está en el centro de la manera de gobernar. Además de la conferencia matutina del presidente, están las de los responsables de la atención a la pandemia del coronavirus, de los apoyos crediticios a las pequeñas empresas y, en general, de los programas sociales del gobierno. La transparencia es imperativo categórico para la administración del presidente López Obrador. Una mejor condición democrática se respira en el país, no obstante las difíciles condiciones que provocan las crisis sanitaria y económica, cuyas gravedades invitarían a su merma.
Hay un nuevo estilo de gobernar que resulta extraño para muchos que pasamos la mayor parte de nuestra existencia en el viejo régimen. Muchos luchamos por lo que hoy se vive y no damos crédito a que lo soñado se hace realidad. Pero es real, ya no estamos en el engaño como forma de gobierno, aunque la verdad sea dolorosa.
No obstante, se cometen errores. No hay decreto de infalibilidad. Lo difícil es hablar de ellos sin que sea manipulado políticamente para destruir o descarrilar al nuevo régimen. Me parece que se registra un serio déficit de operación política y de incapacidad de procesamiento de los serios conflictos anteriormente “administrados” por la desinformación y la transa corrupta; ahora surgen de la natural contradicción o de la artificial manipulación, no es fácil separarlo. Se requiere operación política eficaz y honesta.
El problema del agua en Chihuahua y el pago de la cuota pactada con USA, eran previsibles y no se actuó con oportunidad; se soslayó y reventó. Hay una enorme madeja de intereses, algunos válidos y otros corruptos, que debió de haber sido desmembrada con oportunidad e inteligencia. Hoy reviste un alto grado de conflictividad.
Otro tema de conflicto es la puesta en operación de la termoeléctrica de Huexca en Morelos. Es un proyecto de las anteriores administraciones que siempre se objetó por los pobladores, incluso por el hoy presidente, pero que se concluyó con un alto costo para la Comisión Federal de Electricidad que es propiedad de la nación y cuya cancelación significaría un serio quebranto en sus muy críticas condiciones financieras. Hubo un asesinato en el entorno al tema y no ha sido resuelto su procesamiento. Va a haber bronca y la operación política brilla por su ausencia. Ojalá me equivoque.
Pero insisto: Hay que acelerar lo que quieren pararnos.
