La neoporfirista reforma energética de Peña

Pablo Cabañas Díaz
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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa, de carácter preferente, de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas.

El Ejecutivo propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, cuando “se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

Se plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes, “que han causado un gran daño al patrimonio de CFE”. También, eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas, y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autofinanciamiento, que desvirtuaron su objetivo inicial.

En la exposición de motivos se cuestiona que, con la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se aprobó mediante “sobornos entregados a legisladores”, se aprovechó para proteger los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, importación y exportación, además de que las bases de mercado definieron el despacho prioritario sobre las centrales eléctricas de la CFE.

En su proyecto, el presidente cuestiona que el gobierno de Peña Nieto “otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal que impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

Incluso afirma que para justificar la reforma, se alteró la realidad, pues se argumentó entonces que las modificaciones se traducirían “en la llegada masiva de inversiones extranjeras, en más producción de petróleo, gas y electricidad, y en mejores precios de estos energéticos para beneficio de los consumidores y el desarrollo del país”. En realidad, lamenta, todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico.

La reforma energética del sexenio de Peña Nieto, fue aprobada en lo general por el Senado el 10 de diciembre y por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2013. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas diez días después el 20 de diciembre de 2013, y entró en vigor el 21 de diciembre de 2013. Como se trataba de un decreto por el que se reforman y adicionaban diversas disposiciones constitucionales, se requería de la aprobación por parte  de la mayoría de las legislaturas de los estados. A partir de la aprobación por las dos cámaras del Congreso, en solo 83 horas 17 legislaturas estatales aprobaron la reforma energética. Para el 20 de diciembre ya había sido aprobada por 26 legislaturas.

El 20 de diciembre de 2013, Peña Nieto firmó el decreto constitucional de la reforma energética que permitió la apertura del sector al capital privado. En Palacio Nacional, el presidente anunció que con la promulgación de la reforma “comienza así una nueva historia para nuestro país. Hemos abierto las puertas de un mejor futuro para todos”.

El impacto de lo que comprometía para México abrir el sector energético a empresas nacionales y extranjeras, se vería tres años después el 27 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda informó que  del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017, los precios promedio de la gasolina a nivel nacional serían de 15.99 para la Magna, 17.79 la Premium y 17.05 para el diésel, lo que representó un incremento de hasta 20 por ciento con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016. A partir del 1 de enero se dejó de publicar mensualmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el precio oficial del Gas LP debido a la liberalización. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) creó una página que se alimentó de los precios de todas las empresas distribuidoras, debido a que éstos podrán variar hasta semanalmente.

Un año antes, en enero del 2015, Peña Nieto aseveró en su mensaje de año nuevo, una efímera disminución de los combustibles “por la reforma energética”; funcionarios de su gobierno y él mismo prometieron que bajarían los precios en los siguientes meses y años, algo que no resultó verídico.

Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas”, presumía el presidente en un video donde aseguró que a partir de su anuncio y gracias a la reforma energética, se habría de evitar el aumento en los precios del combustible.

La promesa del gobierno de Peña Nieto fue impulsar una reforma energética que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. Se expuso de forma muy clara cuando señaló que “el porvenir del país” dependía de lo que se hiciera con las reformas. Para la reforma energética, la etiqueta que usó el gobierno y se repitió en los comerciales y los discursos de Peña Nieto, y del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya y Pedro Joaquín Coldwell fue: “el petróleo es nuestro”.

El 7  de octubre de 2015, en la Cámara de Senadores, quien era el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, señaló que “a partir de reformas se empieza a dar resultados a los mexicanos, no pagan tarifas que antes pagábamos en teléfonos o empezando a reducir el costo de la electricidad y no ver los aumentos bimestrales que en otro tiempo vimos en las gasolinas”. Informó que a partir de enero de 2016, como parte de las medidas fiscales propuestas en el paquete económico, los mexicanos se encontrarían con una disminución en los costos de las gasolinas. No ocurrió así, a partir de julio 2016, los precios se incrementaron mes con mes. En septiembre 2016, el gobierno decidió adelantar la apertura del mercado de gasolinas a enero de 2017, un año antes de lo previsto en la reforma energética.

Gracias a la reforma energética, en los primeros años de su gestión como secretario de Hacienda, Videgaray fue reconocido como el ministro de Finanzas del año por la revista Euromoney en el 2014 y ministro de Finanzas del año Global y en las Américas por la Revista The Banker. Ese mismo año recibió el nombramiento de ministro de Finanzas del año en América Latina por la Revista América Economía. Distinciones que contrastan con el reportaje del 11 de  diciembre de 2014, en el que el diario estadounidense The Wall Street Journal, que señalaba que el secretario de Hacienda también había hecho tratos con Grupo Higa para la compra de una casa en Malinalco, estado de México en la que el contratista no logró ninguna ganancia del acuerdo hecho con el funcionario.

El escenario que vive México después de la reforma energética no resultó una sorpresa, en un estudio realizado por el prestigiado Instituto Oxford para Estudios de la Energía en el que se afirmaba que las metas planteadas por el gobierno mexicano en la reforma energética eran “irreales” y avaló muchos de los argumentos de la oposición expresados durante los primeros días de la discusión de la legislación secundaria, mismos que calificaron como “inalcanzables” los objetivos expuestos en el proyecto de Peña Nieto.

El documento Awaiting the Mexican Wave –Challenges to energy reforms and raising oil output (“Esperando la Ola Mexicana, Retos para las reformas energéticas y el incremento de la producción petrolera”)–, expone que la reforma energética no tendría ningún impacto material antes de la próxima década, debido a que los retos financieros, políticos y de infraestructura limitarían la inversión extranjera hasta después de 2016, lo cual pondría en riesgo la promesa de que México observará los beneficios de la reforma en 2018.

“Las reservas en aguas profundas de México no están cerca de ser tan impresionantes como las de Brasil o Angola, o incluso las del Golfo de México en Estados Unidos, mientras que la falta de infraestructura sólo hace menos atractivo al potencial de inversiones”, detalla The Oxford Institute. También señala que parte de las expectativas para el aumento de la producción hacia 2018 provienen de esta área, por lo que resulta complicado creer en estas proyecciones.

“No parece que las actuales reformas vayan a tener un impacto material en la producción mexicana antes de la siguiente década y que la proyección de Petróleos Mexicanos (Pemex) de crecimiento en la producción en 0.7 millones de barriles diarios entre ahora y 2018 es irreal”, indica el estudio.

El estudio realizado por el Premio Nobel de Economía 1998,  Amrita Sem y Shweta Upadhyaya en el Oxford Institute  auguraba el escenario que en realidad sucedió con la reforma energética , muy distinto al que era promovido por el gobierno de Peña Nieto.

En el artículo “La reforma energética de 2013/2014 y el desarrollo industrial en México: contenidos, implicaciones y propuestas”, Francisco Martínez menciona que “con las reformas del 2013-2014, el sector energético  queda abierto a la inversión privada, nacional y extranjera, enfatizándose desde las perspectivas gubernamentales solo los efectos favorables que ello tendrá para el país.

El énfasis de la reforma energética a favor de la inversión privada se observa cuando se analiza que fue una privatización integral –con referencia a la de 2008– porque abarca todos los sectores (petróleo, gas, electricidad y energías renovables), y porque se tiene importantes impactos económicos y un marco regulatorio aprobado por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales:  Ley de Hidrocarburos; Ley de la Industria Eléctrica; Ley de Energía Geotérmica; Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; Ley de Petróleos Mexicanos; Ley de la Comisión Federal de Electricidad; Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; y Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

En 2014, la Universidad Iberoamericana Puebla, publicó el cuaderno: “La desnacionalización de Pemex, implicaciones y alcances para México”, cuyo autor es Miguel Reyes Hernández quien señaló que:

“Los diferentes escenarios del impacto fiscal con la entrada de los grandes corporativos petroleros transnacionales (CPT) al territorio mexicano, muestran la contradicción entre maximizar la renta petrolera privada y la que se apropiará el Estado, teniendo como resultado un Hoyo Fiscal en el gobierno que oscilaría entre 227 y 725 mil millones de pesos, el cual deberá solventarse con mayores impuestos, deuda o reducción del gasto gubernamental”.

Desde el 2013 hasta el 2018, la élite de la administración pública tenía información que la pérdida de recursos públicos debería ser subsanada a través de recortes a la burocracia, al gasto social como la educación, la salud, los programas de combate a la pobreza, o bien, con aumentos generalizados de impuestos. A pesar de múltiples ajustes, adecuaciones e incluso reformas a las diversas leyes fiscales y de importantes cambios en la administración de los tributos, la carga tributaria ha permanecido relativamente estable en México en los últimos 70 años, variando entre 9% y 10%. En 2012, varios países de América Latina, con similar nivel de desarrollo, a lo largo de los años han ido aumentando la carga tributaria y ahora recaudan por concepto de ingresos tributarios mucho más que México, país que sólo recauda alrededor de 10% del PIB y aspira a llegar apenas al 11%, de tener éxito las reformas recientes.

Además de perder el Estado mexicano recursos fiscales con la reforma energética, Pemex quedó en desventaja en las condiciones de competencia con los participantes privados y le plantea exigencias que no encuentran correlato en las que se establecen para los agentes privados. En el paquete de la reforma energética, las leyes secundarias establecieron las especificidades sobre los cambios fundamentales a la Constitución. El transitorio 5º del Decreto de la reforma es relevante en virtud de que establece que los particulares podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados.

 

 

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