El combate a la deuda social
Napoleón Gómez Urrutia
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El rezago social y las desigualdades en nuestro país se han acumulado desde hace por lo menos 30 años, en un proceso durante el cual los trabajadores, las mujeres y los ancianos son los que más han perdido su nivel de seguridad y de bienestar. Por eso hoy México está entrando en una etapa de cambio profundo para corregir y revertir esa tendencia, que ha ido de la mano de un deterioro constante en la distribución de la riqueza y una mayor concentración insultante, cada vez más injusta en contra de los que menos tienen.
La pandemia que durante 2020 ha azotado al mundo, ha repercutido en la paralización de muchas actividades, con lo cual se ha profundizado la caída de la economía y ha generado un gran problema de desempleo, que en algunas regiones y sectores se ha convertido en un daño irreversible. De acuerdo con las previsiones del FMI, de la OCDE y la CEPAL, el tiempo de la recuperación será largo, sobre todo en el caso de los trabajadores informales y de las ramas industriales, comerciales y de servicios que los contratan.
En México existen entre 8 y 10 millones de asalariados en esta situación, que multiplicados por el número de miembros en sus familias, estaremos afectando a casi 50 millones de mexicanos. Así de serio es el problema y así de grave el tema de la posible o eventual descomposición social. La pregunta es cómo están sobreviviendo y manteniendo la solución a sus necesidades, cuando casi todas esas personas son empleadas por compañías de subcontratación y cuando fueron despedidas en estos últimos meses no recibieron ninguna liquidación o compensación por sus servicios ni por su antigüedad.
En esencia estamos hablando de una práctica que se introdujo a nuestro país durante los últimos 20 años, pero que fue creciendo y deformándose hacia la simulación laboral, por medio del cual las grandes empresas se beneficiaron enormemente al evadir responsabilidades y compromisos con su personal, pues lo delegaron a sociedades de outsourcing o terciarización y éstas a su vez se enriquecieron enormemente al utilizar de manera frecuente facturas falsas para evadir al fisco y al mismo tiempo no respetar los derechos de los trabajadores.
Estamos hablando de alrededor de 500 mil millones de pesos al año de evasión fiscal y de una precarización laboral que quizá no tenga precedente por la magnitud de la explotación de la clase trabajadora, en muchos casos hasta inhumana. Por ello, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la del Seguro Social en materia de subcontratación, va a contribuir grandemente para rectificar este serio problema para la economía, la justicia y la dignidad de todos. Esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el outsourcing recoge y profundiza los esfuerzos profesionales que en esta materia se han hecho en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como en otras áreas del gobierno federal.
Existen otras dos iniciativas de ley que son necesarias para colaborar en la disminución de la gravedad del problema y traer más justicia e imparcialidad.
Una es el proyecto en discusión en el Senado para establecer y profundizar jurídicamente lo que hemos llamado la equidad salarial entre hombres y mujeres. Es decir, a trabajo igual salario igual entre géneros, sin discriminación y con un sentido de respeto y reconocimiento profesional y personal del sector femenino para que obtengan sus ingresos en el mismo nivel que los hombres si desempeñan las mismas actividades. Esto permitirá corregir lo que sucede en México y en muchas partes del mundo que han reconocido y criticado tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras instituciones más, que estiman los salarios promedio de las mujeres entre 23 y 30% por debajo de los hombres, además de otras acciones nefastas de discriminación, acoso y desigualdad existentes en el mundo del trabajo actual.
La tercera y muy importante iniciativa o esquema de política económica y social, consiste en establecer un seguro de desempleo temporal que aligere o alivie la precaria situación por la que están atravesando muchos compatriotas y sus familias por haber sido desocupados sin ningún reconocimiento o compensación a su entrega y esfuerzo de muchos años, al estar trabajando bajo sistemas simulados de subcontratación sin derechos, prestaciones y sometidos a veces a humillaciones y abusos por su necesidad económica de tener un trabajo, por parte de líderes y empresarios corruptos bajo una práctica de contratos de protección patronal que ha sido duramente criticada, pero que en México no hemos podido erradicar. Como un dato que avergüenza, nuestro país es el único de los 37 que integran a la OCDE que no tiene un seguro de desempleo y por lo menos cinco naciones de América Latina ya lo tienen establecido desde hace muchos años.
Para terminar, quiero señalar que si aprobamos estas tres iniciativas sobre outsourcing, igualdad salarial entre géneros y seguro de desempleo, la clase trabajadora y la población mexicana estarán en una posición de más fuerza para resistir los terribles efectos de la desocupación y la discriminación injusta que han prevalecido en nuestra nación.
Con ello, además se reducirán los riesgos de que se altere la paz laboral o se cree un conflicto social que a nadie beneficiará.
