Concluyó la puerta giratoria en el gobierno

* Durante 30 años una red de actores empresariales mantuvo un acceso inquebrantable al poder político y una continuidad y dominancia en el poder económico-financiero.

Pablo Cabañas Díaz
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Desde que el expresidente Carlos Salinas de Gortari tomó el poder en México (1988), hasta la candidatura de José Antonio Meade como candidato presidencial (2018) del Partido Revolucionario Institucional, es posible encontrar un hilo conductor en los conflictos de interés. Durante esos treinta años, una red de actores empresariales ha mantenido un acceso inquebrantable al poder político y una continuidad y dominancia en el poder económico-financiero.

En México un buen número de altos funcionarios circuló sin problema entre el gobierno y la iniciativa privada, el tema no había recibido especial atención mediática o regulatoria. Esto cambió con la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada en 2019, cuyo artículo 24 establece que los servidores públicos catalogados como mandos superiores que se separen de su cargo no podrán trabajar en empresas que hayan supervisado, regulado o de las que tengan información privilegiada, por un lapso de 10 años. La publicación de la ley provocó la indignación de los beneficiarios de este sistema.

En México, el fenómeno conocido como revolving door o puerta giratoria, saltó abruptamente a la palestra en México el 11 de febrero de 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a expresidentes y otros exfuncionarios del más alto nivel que se contrataron tiempo después de dejar sus cargos con empresas nacionales y extranjeras del sector energético, de incurrir en conflictos de interés. México era parte de los países que tenía regulaciones en extremo laxas.

Al dejar sus tareas gubernamentales, tres expresidentes y más de 30 exfuncionarios –desde secretarios de Estado a directores de paraestatales o de la banca de desarrollo– hallaron acomodo en empresas relacionadas con los sectores que atendieron a su paso por la administración pública. Los expresidentes son Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

El paso de la administración pública al ámbito empresarial, el más visible de esos casos fue el de Calderón, cuyos funcionarios de alto rango al menos 13 terminaron, como él mismo, en grandes empresas. Calderón formó parte del Consejo de Administración de Avangrid, filial de Iberdrola, la trasnacional energética de origen español. En la misma Iberdrola, desde 2013, cinco meses después de haber concluido su cargo en la dirección de Banobras, fue integrada al Consejo de Administración Georgina Kessel, quien se desempeñó con Calderón como secretaria de Energía, luego de presidir, entre otras cosas, la Comisión Reguladora de Energía.

Dos meses después de dejar la Presidencia de la República, en enero de 2001, Ernesto Zedillo se integró al Consejo de Administración de Union Pacific, el gigante ferroviario estadunidense que se asoció con Grupo México para desarrollar Ferromex. Zedillo, el primer presidente desde Miguel Alemán que incursionó abierta y activamente en el sector privado, se convertiría en miembro de los consejos de Alcoa, fabricante de productos de aluminio en México que, durante su gobierno, dejó impune el accidente industrial que intoxicó a casi 200 obreros en Ciudad Acuña, Coahuila.

También ha sido consejero del gigante de productos sanitarios Procter & Gamble, de la editorial española Grupo Prisa, así como de Everis, la consultora de tecnologías de la información. Fox, apenas terminó su sexenio inició una intensa actividad privada.

Un ejemplo de exfuncionarios a los que se buscó regular es el caso de José Antonio Meade Kuribreña, quien durante la presidencia de Felipe Calderón fue secretario de Energía y secretario de Hacienda y Crédito Público. En la presidencia de Enrique Peña Nieto ejerció como secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda y Crédito Público, y antes de que se sancionara esta práctica se integró el 25 de febrero del 2019 al Consejo de Administración de HSBC Holdings.

Georgina Kessel, quien fue secretaria de Energía en la administración de Calderón, se integró a Iberdrola como consejera externa cinco meses después de que concluyera el sexenio.

Luis Téllez, secretario de Energía en el gobierno Zedillo, se convirtió en vicepresidente de Desc SA y en directivo de Carlyle Group. En 2006, regresó al servicio público como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para después pasar a formar parte de Sempra Energy (hoy Innova). También fue director general de la Bolsa Mexicana de Valores y actualmente es asesor senior y jefe de la oficina de México de KKR & Co.

El finado Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Zedillo, fue director de Sempra Energy México (Ienova) y formó parte del Consejo Administrativo de la compañía Southern Copper Corporation.

Guillermo Ortiz Martínez, quien fungió de secretario y subsecretario de Hacienda, secretario de Comunicaciones y Transportes y gobernador del Banco de México, pasó a ser presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte.

Jesús Reyes Heroles González-Garza, quien ocupó cargos en la Secretaría de Hacienda, Banobras y Petróleos Mexicanos (Pemex), después fue presidente ejecutivo de la empresa StructurA, así como miembro de los consejos consultivos para América Latina de Deutsche Bank y del Energy Intelligence Group.

Juan José Suárez Coppel, exdirector de Pemex, tiene ahora un papel en la iniciativa privada como tesorero del corporativo de Televisa, funcionario de Banamex para derivados, vicepresidente del grupo Modelo y consejero de la empresa Jacobs Engineering Group.

La importancia de pasar por puestos públicos para escalar posteriormente a cargos privados fue un signo dominante principalmente con aquellos actores que colaboraron en la misma área económica, tanto en el sector público como en el privado. Ello sugiere que la captura del Estado puede estar facilitada por una cohesión de una súper élite que oferta su conocimiento para sacar ventaja de sus relaciones en el gobierno.

Zedillo Ponce de León en las redes globales de políticas públicas ha sido particularmente notable. A través del Centro de Estudios sobre la Globalización que preside en la Universidad de Yale, el expresidente mexicano ha dirigido varios grupos de trabajo que promueven el Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Presidió, junto con el exprimer ministro de Canadá, Paul Martin, el Comité sobre el Sector Privado y el Desarrollo (Private Sector and Development) del Programa de Desarrollo de la ONU, el cual publicó en 2004 el Reporte “Liberar el espíritu empresarial: hacer que los negocios funcionen para los pobres” y entre el 2003 y el 2005 dirigió junto con Patrick Messerlin, de la Universidad francesa Sciences Po, el Grupo de Trabajo sobre el Comercio para el Desarrollo.

La puerta giratoria está estrechamente asociada a otro fenómeno como la captura de la decisión estatal. Ésta se define como la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas a través de dos mecanismos principales: a) la captura regulatoria, cuando los sectores económicos sensibles a la regulación estatal toman el control de las instancias decisorias de gobierno y/o las agencias regulatorias, de forma directa (puerta giratoria de entrada), y b) la captura cultural, una forma mucho más difusa pero no por eso menos importante, por la cual las empresas se benefician de la acción del sector público porque los funcionarios comparten un mismo conjunto de creencias y visiones sobre el sector en cuestión, favorables a sus intereses. Estos procesos de captura se vinculan con otro conocido por los politólogos como circulación público-privada, caracterizado por la existencia de un grupo estable de individuos que desarrollan sus carreras laborales ocupando alternativamente cargos altos en el Estado y en el sector privado como sucedió en nuestro país entre 1988 y el 2018.

 

 

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