La verdadera BOA

Jorge Meléndez Preciado
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.    @jamelendez44

Presentada en la mañanera del 10 de junio en Palacio Nacional la matanza de Luis Echeverría realizada ese día en 1971 no se olvida, un documento apócrifo titulado la BOA (supuestamente elaborado por el Bloque Opositor Amplio, donde cabe de todo, de empresarios a políticos e intelectuales antes reputados; la mayoría de ellos, por cierto, reaccionaron de inmediato deslindándose del grupo), fue un disparo en el medio político que no tuvo amplias consecuencias.

Muchos, con buen juicio, lo consideraron parte del juego político para las elecciones de 2021, donde se elegirán 15 gobernadores, 500 diputados y alcaldes en 30 estados del país. Y estará en juego si Andrés Manuel continúa con mayoría legislativa o no. En las encuestas actuales, por cierto, Morena tiene mayoría en casi todas partes.

Algunos opositores, incluso, ven la posibilidad para tratar de revocarle el mandato en 2022 (entre ellos, José Antonio Fernández, del grupo FEMSA, quien dijo que gastaría más de 15 mil millones de pesos para ello, Eduardo Ibarra, Utopía, número 2270), a quien ha realizado importantes cambios, pero no tanto como pretendía: pandemia y crisis económica mediante.

Algunos comentaristas recordamos la canción de la Sonora Santanera, cuya letra decía “es la boa, la boa” (periodistasunidos.com.mx, 10 de junio). Pero lejos de la importancia de dicho anuncio, hay otra BOA que ha apretado, llevado a sudar y hasta hecho tronar los huesos de algunos empresarios que en varias décadas evadieron impuestos, amenazaron a las autoridades financieras con demandarlas y evitaron que el país tuviera recursos para crecer económicamente.

Gracias a Raquel Buenrostro, directora del SAT, y al procurador Fiscal, Carlos Romero, algunas acereras han tenido que pagar 2 mil millones de pesos de impuestos; Walmart más de 8 mil, FEMSA una cantidad similar y otras compañías menos. Resultado, la Federación ha recuperado 30 mil millones de pesos. Seguirá con otras: mineras canadienses, IBM, consorcios bancarios y más. Además, investigará despachos de abogados que ocultaban impuestos.

Esta verdadera BOA ha estremecido a muchos y ha traído ataques por doquier a López Obrador, pero sólo con recursos caminará el gobierno. Y bien lo dijo el premio Nobel de Economía, Joseph, Stiglitz, en el neoliberalismo los bancos estrangularon la economía mundial. Y estos, digo yo, se asociaron con las empresas para ganar sin medida y defraudar sin respiro.

 

 

Buena nueva en información

Jorge Meléndez Preciado
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.    @jamelendez44

En periodismo se dice que las buenas noticias no son importantes, sino más bien las malas, de las que estamos todos los días atosigados. Pero hace poco se promulgó en la Ciudad de México: la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico, algo que debemos: los profesionales de la tecla, los ciudadanos y hasta los empresarios que difunden información veraz, festejar sin duda.

En la nueva reglamentación se posibilita romper de parte de los reporteros la relación con el medio si este viola la dignidad “personal, profesional e independencia” de quien ejerce el oficio de dar a conocer noticias. Lo que traerá una mejor, más puntual y atinada información.

También hay amplia libertad para no revelar la identidad de las fuentes, algo que permite a los ciudadanos denunciar a quienes realicen prácticas incorrectas, sin ir a un tribunal.

Las autoridades, por cierto, no podrán revisar grabaciones, llamadas o archivos de información del trabajador. Algo que no se hizo hace 36 años, cuando asesinaron a Manuel Buendía, ya que la DFS de Gobernación llegó al despacho del columnista a llevarse documentos sensibles acerca del narcotráfico.

También, los compañeros de trabajo no podrán ser obligados a participar en la obtención de información que sea contraria a sus principios ideológicos, éticos o de conciencia y no podrán ser sancionados si no quieren participar en algo contrario a los principios anotados. Lo que amplía la libertad y secrecía en su chamba.

Asimismo, en 180 días los medios tendrán que hacer públicos sus respectivos Códigos de Ética y sus Estatutos de Redacción.

Este último caso será un avance para saber plenamente quién es quién en el mercado editorial y ver cómo trabajan la noticia que recibimos.

Un avance indudable en la capital del país con el objeto de proteger a las infanterías y descubrir la tendencia que siguen los empresarios de los medios de información.

 

 

Dos ciudades: Acciones y mentiras

Jorge Meléndez Preciado
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.    @jamelendez44

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) le quitó el sarape a Enrique Alfaro y sentenció que en la manifestación del jueves 4 de junio hubo desaparición forzada de personas. Policías vestidos de civil secuestraron a manifestantes, les robaron sus celulares, los torturaron, los golpearon hasta dejarlos inconscientes; a unos los llevaron fuera de Guadalajara y a otros (28) los enviaron a Puente Grande, cárcel de máxima seguridad. Todo ello descrito a detalle y avalado por el presidente de la Comisión, Alfonso Hernández Barrón (Héctor Moctezuma de León en Relevante, 9 de junio).

Si a ello sumamos lo expresado por el fotorreportero, Fabricio Atilano, nunca hubo vigilancia policiaca, ni cerca de las instalaciones del gobierno de Jalisco, pero llegaron varios elementos uniformados quienes tundían a personas; “a mi uno me ahorcó y me quitó mis pertenencias”. Luego algunos vestidos de azul traían palos cruzados en la espalda, estilo Ninja, y arremetieron contra muchos y después los llevaron fuera de la ciudad (reporterosunidos.com.mx, 8 de junio).

Más la versión de otro hombre de la lente, Luis Fernando Moreno, quien afirmó: la represión en Jalisco es la norma desde 2004, época que embistieron brutalmente a una protesta de globalifóbicos (ídem).

Todo encaja, pues, en un sistema autoritario, despótico y alevoso.

Enrique Alfaro, con aspiraciones presidenciales, no es parte de una intriga del gobierno federal para desestabilizarlo, más bien es un represor que con el supuesto combate a la pandemia, ordenó que todos usaran cubrebocas o serían sancionados, pero ha creado un clima de terror en la entidad. A tal punto, que las mal llamadas fuerzas del orden reprimieron al director de la preparatoria de Chapala (dependiente de la Universidad de Guadalajara), Juan Ramón Álvarez, quien iba rumbo a su casa y fue detenido por no llevar identificación. Lo cual trajo un distanciamiento con uno de los aliados de Enrique en los últimos tiempos, el señorío de los hermanos Padilla.

Al mandatario jalisciense lo han defendido Salomón Chertorivsky, Enrique de la Madrid, siete gobernadores opuestos a López Obrador y el periodista Jorge Ramos.  Éste ponderó la medida que todos usaran el cubrebocas. ¿Pero ahora qué podrán argumentar sus aliados?

Más al denunciar el académico Álvaro Quintero que Enrique Krauze recibió más de 5 millones de pesos para su editorial, con el objeto de difundir programas y actividades del gobierno alfarista. Y después del pago, Krauze escribió lo siguiente: “El gobernador @EnriqueAlfaro honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno. Y pasó a la historia por resistir” (Partidero, citado por Román Munguía).

Afirma bien el artista Luis Fernando Moreno, la corrupción a los medios es la divisa de los gobiernos en la mencionada entidad.

El asesinato de Giovanni López Ramírez, que ocurrió en mayo, dejó en claro la represión, el amedrentamiento a la sociedad, la falta de derechos humanos, la ausencia de justicia y la megalomanía en Jalisco, encarnada por Alfaro.

Sin tantos aspavientos, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mandó a enjuiciar a dos policías que golpearon a una muchacha (Melanie), en una protesta, y abrió investigación a los superiores de los uniformados.

Historia de dos ciudades y gobiernos claramente diferentes, parafraseando a Dickens.

            PD. A los 109 días de huelga, la Junta Consultiva de Notimex les dio la razón a los trabajadores, exigió que no haya labores extralegales en la agencia, se resuelvan las exigencias de los empleados 65 por ciento son mujeres y se destrabe un problema creado artificialmente por Sanjuana Martínez. Gancho al hígado a la prepotente señora.

 

 

Espías contra instituciones y periodistas

Jorge Meléndez Preciado
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.    @jamelendez44

Todavía no sabemos todo acerca de Pegasus, la empresa israelí que espió a periodistas, incluido al maestro de la tecla asesinado, Javier Valdez; asunto que debe aclarar a plenitud el INAI.  Y ahora nos enteramos de que hay 21 antenas para fisgonear celulares en la Ciudad de México.

            Las instalaciones están fundamentalmente en el centro de la capital: Palacio Nacional y el recinto de Bellas Artes; aunque también se encuentran en el Legislativo de San Lázaro, el Colegio Militar y en Amecameca, donde se ubica la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

            La Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D, por sus siglas), ha informado que esto viene desde 2010, aunque en los meses de marzo, abril y junio de 2019, seguían en operación y cobrando, una cantidad nada despreciable de 23 millones de pesos.

            El objetivo de una compañía italiana, denominada Hacking Team, es introducirse en teléfonos celulares, violar las libertades privadas y los derechos civiles de los individuos.

            En la pesquisa de quienes se entrometen en conversaciones que no les corresponde, estuvo también la organización chilena FADe. Algo que debemos agradecer los mexicanos.

            Resulta terrible que en la administración de la 4T se continúen esas malas prácticas. Por lo que la SCT y la Secretaría de Gobernación deben no sólo una explicación sino incluso sancionar a quienes realizan delitos contra instituciones oficiales.

            Los mexicanos necesitamos en detalle que hizo y contra quiénes Pegasus y saber a profundidad la nueva intervención a la privacidad de los ciudadanos e instituciones gubernamentales.

 

 

Pin It