No habrá aumento en la edad de jubilación

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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La privatización de los bienes públicos fue (y sigue siendo en otras latitudes) el rasgo esencial y definitorio de la política económica neoliberal. Pero hubo otros también muy lesivos para la economía nacional y popular. Como los tristemente célebres programas de ajuste ordenados por el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Éstos incluían entre otras medidas el incremento de impuestos altamente regresivos, la desmesurada alza de los precios de los energéticos (los llamados tarifazos), el fin de la garantía estatal del pago de las pensiones y la confiscación de éstas por medio de las afores, así como el aumento de la edad de jubilación.

Con la llegada de López Obrador y la cuarta transformación se acabaron las privatizaciones, los aumentos de impuestos y los tarifazos. Y hace unas horas el jefe del Ejecutivo acaba de anunciar la derrota de las pretensiones neoliberales y tecnocráticas, encabezadas por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de aumentar la edad de jubilación de 65 a 70 años. “Mientras yo sea presidente, dijo categórico López Obrador, no habrá aumento en la edad de jubilación”. ¿Hace falta buscar otras explicaciones para el permanente y creciente respaldo popular al gobierno de López Obrador?

No, no hace falta buscarlas porque están a la vista. En primer término el fin del permiso presidencial para robar, lo que conlleva la destitución, la persecución penal y el encarcelamiento de notorios personajes de la corrupción institucionalizada. ¿Cómo no va a ser bienvenida entre la población la salida de la Suprema Corte de ese modelo de corrupción que es Eduardo Medina-Mora?

Para atacar a López Obrador la derecha no posee municiones. ¿Va a defender a Medina-Mora? Al contrario. Ya están apareciendo los deslindes públicos de la oligarquía respecto del siniestro personaje.

La decisión presidencial de cortar de cuajo la propuesta de Arturo Herrera de aumentar la edad de jubilación ha sido una clara evidencia de la inutilidad de colocar en el equipo de López Obrador caballos de Troya. Herrera está siguiendo los perversos pasos de su antecesor en Hacienda Carlos Manuel Urzúa, otro lobo neoliberal con piel de oveja obradorista. Otro Lenín Moreno agazapado a la caza de una oportunidad para volver al pasado neoliberal.

A un político tan sagaz como López Obrador no pueden escapársele estas iniciales muestras de traición. Es claro que Herrera trae escondido entre las ropas el puñal asesino. ¿Tú también, Bruto?

El porqué de la renuncia de Medina-Mora

Han corrido, están corriendo y van a correr muchas más versiones respecto a los motivos que llevaron a Eduardo Medina-Mora a renunciar al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas se refiere a su muy precaria salud mental. Otra habla de investigaciones de índole criminal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los bienes del ahora exministro. Y una más afirma que existe una investigación judicial en México sobre la inexplicable fortuna de Medina.

Pero digamos que estas explicaciones de la dimisión del exministro son de carácter particular y que velan o soslayan la explicación de índole general. Y ésta es que con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional se puso fin al permiso presidencial para robar.

Indudablemente Medina-Mora era figura central de aquella minoría rapaz, denunciada por López Obrador, que sobre todo durante los últimos 36 años se enriqueció obscena y desmesuradamente al amparo del poder público y a costa de la miseria de millones de mexicanos.

De modo que estamos presenciando la caída en desgracia de un arquetipo de la corrupción pripanista que no encajaba en los parámetros éticos y legales de la cuarta transformación. Como los saqueadores de las arcas públicas Emilio Lozoya, Rosario Robles Berlanga, Juan Collado y el general Eduardo León Trauwitz.

Aquí está la razón de la renuncia de Medina-Mora y tal vez hasta de su posible encarcelamiento en México o en Estados Unidos, país este al que los neoliberales mexicanos ya no pueden considerar refugio seguro de sus personas y de sus bienes mal habidos.

Sin la cuarta transformación, Medina-Mora, Robles, Lozoya, Collado, Trauwitz u otros como ellos seguirían succionando la riqueza nacional para engordar sus cuentas bancarias y aumentar su poder político bajo la mirada protectora e interesada de otros Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

En el caso concreto de Medina-Mora, seguiría desde la Corte vendiendo la justicia al mejor postor, cual recientemente hizo al dar protección legal a Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León.

Por eso le urge a la derecha, como dijo recientemente Vicente Fox, “darle en la madre a la cuarta transformación”. Y por ello mismo le urge al pueblo, a la gente, a los ciudadanos que no se cumpla ese propósito.

Y no se cumplirá. Porque aunque la derecha lo quiera, el pueblo no lo quiere. Y el pueblo hecho gobierno tiene sobrado poder para impedirlo.

Ayotzinapa y las dos versiones

Inmediatamente después de haberse hecho público el secuestro y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto puso en marcha, con el auxilio de periodistas amigos o a sueldo, la falsa versión de que esos crímenes estaban ligados al narcotráfico.

La falsa versión gubernamental afirmaba que por error o deliberadamente los normalistas habían secuestrado un autobús en el que se encontraba un cargamento de estupefacientes, y que los narcos dueños de esa droga decidieron, a título de castigo y escarmiento, secuestrar y desaparecer a los 43 estudiantes.

Pero también inmediatamente esa falsa versión cayó por los suelos. Y desde entonces y hasta ahora prevalece la convicción social y popular de que se trató de un crimen de Estado autorizado por la más alta instancia gubernamental, es decir, por el mismísimo presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Un crimen que parece una calca de la política de secuestros y desapariciones forzadas del dictador argentino Rafael Videla.

Varios hechos públicos e incontrovertibles abonan esta convicción social y popular. El primero de ellos es la bien documentada participación del Ejército en el crimen. Nadie en el instituto armado pudo participar en un acto como el de Iguala sin órdenes precisas del alto mando. Ni siquiera el secretario de la Defensa, quien necesariamente tuvo que recabar la precisa orden presidencial.

El segundo hecho es la participación en el crimen del gobernador de Guerrero, el mañoso y muy marrullero priista y perredista Ángel Aguirre, quien antiguo conocedor de las tripas del sistema político no podía darse el lujo de intervenir en los graves sucesos sin obtener la autorización expresa de Peña Nieto.

Y un tercer indicador del papel principalísimo de Peña Nieto en el crimen fue el atropellado esfuerzo del jefe del Ministerio Público, Jesús Murillo Karam, para desviar las miradas sobre Peña hacia simples delincuentes y dar prontamente por cerrado el caso con la célebre “verdad histórica” que exculpaba absolutamente a Los Pinos.

Como autores materiales del nefando crimen de Iguala se cuentan soldados, policías federales, estatales y municipales y algunos matones a sueldo. Pero ahora lo central es señalar a los autores intelectuales, a quienes dieron las órdenes. Y en esto no hay mucha tela de dónde cortar. Tratándose de un crimen de Estado, las órdenes sólo pudieron provenir del jefe del Estado, es decir, de Enrique Peña Nieto.

Contra AMLO, puros tiquismiquis

A los reparos, quejas o críticas por cosas sin importancia se les llama tiquismiquis: “pelea por tiquismiquis”, “se enoja por tiquismiquis”, “reclama por tiquismiquis”. Y por extensión se le llama tiquismiquis a la persona que asume y practica este tipo de actitudes: “ser un tiquismiquis”, un ñoño, un mamón, un remilgoso, un melindres.

De este tipo de actitudes y de este tipo de personas se nutren las censuras, las críticas y las descalificaciones contra el presidente López Obrador y contra los actos de su gobierno. Ninguna crítica sustantiva, ningún argumento de fondo. Puros tiquismiquis.

Pero los adversarios de López Obrador no tienen alternativa. Cómo hablar de inflación desbordada si no hay inflación desbordada. Cómo censurar la devaluación del peso si no hay devaluación del peso. Cómo hablar de la caída de la bolsa si la bolsa no cae. Cómo hablar de represión contra los movimientos sociales y populares si no existe tal represión. Cómo censurar la continuación de las investigaciones del crimen de Ayotzinapa si es un acto elemental de justicia.

Y no es que en la agenda nacional falten temas de importancia. Pero tocar esos asuntos implicaría reconocer los múltiples y enormes logros del gobierno de López Obrador: fin del guachicoleo, fin del permiso presidencial para robar, retorno a la política exterior de no intervención y solución pacífica de las controversias. Y avances significativos en la redistribución del ingreso y en el combate a la evasión fiscal.

Tocar esos temas implicaría censurar a los miembros del Poder Judicial que se niegan a renunciar a sus escandalosos privilegios económicos. Y lo mismo y por la misma razón a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Y a los comentaristas que defienden la falsificación de facturas. Pero cómo censurarlos si son compañeros de banda, de pandilla.

Es mejor y más conveniente ocuparse de tiquismiquis. Como las “excesivas vivas” de la ceremonia del Grito. O la participación en el desfile del 16 de septiembre de las carros tanque o pipas que combatieron el desabasto de gasolinas al inicio del sexenio y que, vencido en pocas semanas, ya ni quien se acuerde.

En vez de ocuparse de tiquismiquis podrían analizar el porqué del innegable respaldo popular a López Obrador y a su gobierno. Respaldo que, contra sus pronósticos y deseos, no baja del 70 por ciento. Apoyo y aprobación que, con absurdos remilgos, admiten hasta las casas encuestadoras más afines al pripanismo.