Contar lo bueno, costó mucho
Pablo Cabañas Díaz
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El gobierno de Enrique Peña Nieto es el que más gastó en la historia del país en campañas publicitarias. Ningún presidente antes había gastado tal cantidad de dinero para promover su imagen y la de su partido político. En el año 2014, el 83% del gasto de publicidad de la Presidencia de la República y de los gobernadores de los estados fue a parar a Televisa (57.6%) y a Tv Azteca (25.6%).
En México, bajo el amparo de la libertad de mercado y la propiedad privada, se ha producido una de las situaciones que los defensores originarios de la acepción liberal de la “libertad de expresión” no previeron, la cual no es otra que la concentración de los medios de comunicación y de las columnas de opinión en muy pocas personas. En la radio de la Ciudad de México, seis grupos radiofónicos cuentan con 35 frecuencias que tienen un alcance promedio acumulado de 60% de la audiencia. En México no se cuenta con umbrales mínimos y máximos de concentración y competencia; asimismo, la posibilidad de establecer este tipo de análisis es escasa, dadas las limitaciones para obtener datos confiables y de calidad.
Los grupos de poder económico han convertido a los medios en instrumentos de presión política. La prioridad de los dueños de los canales de televisión, de las estaciones de radio y de las publicaciones impresas y digitales no son los contenidos que emiten, sino sus actividades en otros sectores productivos, los medios y las redes se han convertido en muchos casos en instrumentos de extorsión. Como consecuencia de esta concentración, nos encontramos ante lo que se conoce como “efecto ventrílocuo”, que se podría resumir del siguiente modo: a pesar de existen diferentes empresas de medios de comunicación, todas repiten las mismas noticias.
En 2018, el Congreso elabora una ley para reglamentar el otorgamiento de publicidad oficial, como lo instruyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 25 de abril de 2018, el Senado finalmente aprobó la Ley General de Comunicación Social, también conocida como Ley Chayote. El problema con esta normativa –en vigencia desde enero de 2019– es que no contempla la creación de mecanismos ni de organismos independientes capaces de garantizar un proceso transparente a la hora de asignar los contratos.
Los medios que han sido los principales beneficiarios de estos recursos son. Grupo Televisa (17%) y Tv Azteca (9.8%); también el periódico El Universal (2.7%) y Grupo Fórmula (2.7%), apunta el estudio de Fundar.
El reportaje “Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación”, del New York Times (25/12/2017), revela que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto presionó a los medios mexicanos para que omitieran noticias desfavorables y privilegiaran los mensajes dictados directamente desde las oficinas de prensa del gobierno.
En 2017 se publicó el estudio “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016”, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, se avivó una polémica sobre los márgenes de libertad de expresión y el control de los medios de comunicación.
El reporte de Fundar, revela que entre el 40 y el 50% de la publicidad oficial suele quedar en manos de 10 grupos mediáticos, a pesar de que hay más de mil medios que compiten por ingresos gubernamentales. Fundar señala que los medios más privilegiados en el sexenio 2012-2018, fueron: Televisa, Tv Azteca, Grupo Imagen en los recursos destinados a la televisión. Radio Fórmula, Radio Centro, Imagen, MVS y Acir fueron las radiodifusoras con más apoyo gubernamental en sus pautas publicitarias. El Universal, Milenio, Excélsior, Organización Editorial Mexicana, La Jornada y hasta La Crónica de Hoy –un diario con modesto tiraje– formaban parte de la lista de periódicos con más contratos con el gobierno de Peña Nieto.
El estudio de Fundar también revela que el anterior gobierno gastó 72% más recursos de los autorizados por la Cámara de Diputados. Para tener un parámetro, esos 2 mil millones de dólares equivalen a la cantidad de dinero que se necesita para la reconstrucción de viviendas tras los sismos de septiembre de 2017.
Las duras condiciones en las que actualmente se ejerce el periodismo en México, contrasta con el especial apoyo que se da a las televisoras, cuya concentración del poder no sólo sirve para controlar a la opinión pública sino también para, en muchos casos, difamar y criminalizar a los críticos, a sus intereses.
Desde el año 2000, se tejió una documentada alianza con el PRI y el PAN y entre comunicadores y empresarios cuya línea editorial fue no cuestionar a las distintas administraciones y, al poder político en tanto no pusieran freno a la expansión de sus negocios y a la concentración de los mercados. A cambio de obtener altos ingresos de los gobiernos tanto a nivel federal, estatal e incluso de los grandes municipios, los grandes medios de comunicación construyeron una narrativa acorde a los intereses de sus patrocinadores.
El análisis Libertad de prensa en México. Lucha por un derecho fundamental, elaborado por la fundación alemana Rosa Luxemburg, presentado en febrero de 2017 y elaborado por la politóloga Jana Flörchinger, señala: “Hay muchas regiones en México en donde apenas fluye la información porque se busca (desde el poder) sofocar las voces críticas. “Uno se pregunta qué estructuras políticas y sociales permiten que las jerarquías y los poderosos se puedan manifestar con esa brutal y excesiva violencia”. Flörchinger concluye que hay: “una conexión entre Estado y crimen organizado, en el que es claro el trabajo conjunto entre políticos y cárteles de la droga.
