Recomposición de los partidos

Guillermo Buendía
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Para los profesores Ricardo Espinoza Toledo y Pablo Xavier Becerra
Chávez, del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana, quienes con certeza y seriedad orientan a la opinión pública.

Los resultados electorales del año pasado no sólo alteraron la recomposición interior de las fuerzas políticas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la Revolución Democrática observada en los congresos nacionales para elegir a los nuevos dirigentes que tomaron el control de los comités, o han de hacerlo próximamente, la cual no ha estado ajena a los serios conflictos ventilados en toda una serie de impugnaciones y acusaciones de responsabilidades respecto a la derrota, por un lado; y de los jaloneos surgidos por la distribución y asignación de cuotas a partir del nombramiento de coordinadores de los grupos parlamentarios federal y locales, desde una oposición minoritaria, por otro lado.

Recomposición reveladora del agotamiento del voto corporativo del PRI y la inutilidad del uso de recursos públicos para promover el voto a través de programas sociales clientelares del tan acusado asistencialismo estatal; o también, la engañosa inercia de izquierda enarbolada por el PRD que, adueñada por tribus caciquiles, al final de 29 años, este partido solo es un cascarón demandante de financiamiento público absorbido por las cúpulas consolidadas no dispuestas a ser removidas de la dirección partidista; o la fragmentación de corrientes aparentemente doctrinales, el PAN, desde la cooptación de 1988 hasta la alternancia de 2012, las disputas por permanecer o ascender a puestos de gobierno en los tres niveles o de elección popular, han determinado el rumbo de la lucha por el control del partido más antiguo de la derecha mexicana.

Esta recomposición de partidos es resultado de la desaparición del vínculo sociedad-Estado e individuo-gobierno. Es decir, al perderse el vínculo que daba sentido a los partidos en estos binomios, en los últimos 50 cincuenta años de la lenta transición democrática, paradójicamente se inició otro proceso de búsqueda de la representación política de la nación –no de clase en sentido estricto– porque en contra de ésta conformaron gobiernos autoritarios y plutocráticos, lo cual se reflejó con claridad en los índices de votación de 2018 y años anteriores. Paradójicamente porque la transición en lugar de consolidar un sistema de partidos, puso en crisis el vínculo sociedad-Estado e individuo-gobierno precisamente por la presencia de partidos que responden a los intereses de las élites económicas y no a la representación social.

El lujo y dispendio sostenidos con recursos públicos, añadiendo las prebendas de ley de que disponen los partidos, hizo de las élites políticas cofradías inaccesibles para las bases militantes y sectores sociales a los que dicen representar. Después de la muerte de Fidel Velázquez Sánchez, en 1997, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), los sindicatos más importantes como el petrolero, minero, magisterial, automotriz, ferrocarrilero y electricista –con episodios críticos en sus luchas– y los sectores campesino y popular, la representatividad política comenzó a registrar un deterioro irreversible, en el caso del PRI, y hasta la fecha inaceptable para el modelo económico neoliberal que ve en los sindicatos instrumentos de reivindicación de demandas de mejora salarial y prestaciones de seguridad social. La representación política de las organizaciones sectoriales del priismo pasó, en este periodo, a la representación de la ciudadanía, lo que repercutió en la sustitución paulatina de los cuadros de la vieja clase política por élites de tecnócratas sin nexos de clase aparentemente. El PRD fundado con partidos de izquierda y movimientos populares –dirigido no obstante en los primeros nueve años por militantes de la Corriente Crítica priista disidente- en los últimos 19 años se ha visto afectado gravemente por las pugnas protagonizadas por grupos de interés llamados despectivamente tribus, a tal punto de perder su registro en 10 estados por no haber alcanzado el mínimo porcentaje de la votación local.

Y el PAN vio la formación también de grupos alrededor de militantes destacados en el sector privado cuyo ascenso, en 1988, estuvo marcado fundamentalmente por los acuerdos para legitimar al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari por la vía de los hechos, hasta la era de los moches y fiestas privadas que, en la LXIII Legislatura, el entonces diputado federal Marko Cortés Mendoza y recién electo presidente del CEN panista practicó como medio para orientar la votación de los legisladores. En este periodo, al interior de los partidos prevaleció la lucha por el control de los órganos de dirección. El control de éstos reportaba interlocución y negociación de acuerdos con el gobierno, y esto es precisamente lo que aseguraba su permanencia en cargos públicos o legislativos, tráfico de influencia o gestión de negocios. No de otro modo se explica que, al día siguiente de haber tomado posesión de la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto firmó el Pacto por México con los dirigentes Gustavo Madero (PAN), Cristina Díaz (PRI) y Jesús Zambrana (PRD), quienes subordinados a los planes privatizadores del gobierno, ahondaron el abandono del vínculo sociedad-Estado cuyo voto se reflejó, en 2015, con la caída de la preferencia electoral. Ahora, estos partidos se conglomeran en un bloque opositor minoritario en el Congreso de la Unión obstruyendo o condicionando el trabajo legislativo con la finalidad de socavar los planes de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin resarcir el deterioro de los partidos con la sociedad, la oposición del PRI, PAN, PRD y MC es una respuesta confabulada para retardar e impedir los cambios políticos y el funcionamiento de la administración pública federal. En la democracia existen pesos y contrapesos, consensos y disensos, relaciones orgánicas y acuerdos políticos entre los poderes de la Unión y el pacto federal, así como los que se dan en el contrato social. Los construidos para minar la gobernabilidad democrática, la soberanía y seguridad nacionales provienen del espectro plutocrático de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la Revolución Democrática, cuyas acciones van perfilando una oposición al proyecto nacional de Morena –sin tocar el modelo capitalista dependiente de la economía mexicana– consistente en recuperar la rectoría del Estado y el control de las industrias estratégicas del petróleo y eléctrica como pivote del crecimiento económico y desarrollo del país. Lo cual exhibe la existencia de una oposición concertada para negociar la redistribución de la riqueza nacional y prolongar las tensiones sociales con el sesgo de desatendidas deliberadamente –manteniendo los estragos que vienen arrastrando los aspectos de la descomposición del contrato social: la grave inseguridad producto del surgimiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, contrabando de armas, trata de personas, secuestro y extorsión, entre otras actividades delictivas de alto impacto social– premisa fundamental de la presión política contra la estabilidad del gobierno.

La historia política de los últimos 90 años deja en claro un aspecto fundamental: ningún partido es monolítico. Asesinatos, magnicidios y atentados, conspiraciones y asonadas cruentas, exilios, persecuciones y encarcelamientos es la historia del PRI, en la que se ha registrado durante los procesos sucesorios las luchas más enconadas entre los diversos grupos políticos que disputan el poder. Y la relación de este partido con la oposición también se caracteriza por la violencia política ejercida para contenerla: asesinatos y desapariciones son los métodos utilizados cuando la intolerancia propia del régimen autoritario e intransigente priista se ve amenazado por las presiones de cambios democráticos. En tanto en el PAN, los grupos doctrinarios fueron desplazados por nuevos cuadros políticos formados en la era neoliberal, fenómeno que posibilitó la alternancia de gobiernos abiertamente de derecha en el periodo 1988-2018, a nivel local y federal. Y en el caso del PRD, los grupos de interés consolidados a partir de este siglo y autodefinidos como la “nueva izquierda” o la “izquierda moderna”, deliberadamente transitaron de oposición a instrumentos al servicios del proyecto neoliberal, en los últimos 12 años.

La premisa de que ningún partido es monolítico está presente en Morena. El núcleo político de este movimiento está dominado por el fundador, Andrés Manuel López Obrador. En la coyuntura que ofrece el relevo de la dirigencia nacional de Morena para fines de este año se están dando las condiciones de confrontaciones entre las distintas fuerzas políticas interesadas en quedarse con el control del partido en el poder. Las pugnas están determinando no sólo el rumbo del partido sino reconfigurando la orientación del gobierno de AMLO, toda vez que los diversos actores morenistas integrados desde 2015 a la fecha, desde los cargos públicos y legislativos, pretenden consolidar grupos de interés.