Estado y gobierno en la cuarta transformación

Guillermo Buendía
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oh opresores del justo, que aceptáis soborno  y
atropelláis a los pobres en la Puerta! Biblia de Jerusalén. Amos 5, 13.
Para Miguel Ángel Ferrer, un gran amigo y maestro.

En los primeros meses de este sexenio se deben distinguir dos aspectos fundamentales: la reconstrucción del Estado mexicano y la orientación política del gobierno. Ambos imbricados en el discurso político que, desde el 1 de diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en delinear pero que la LXIV Legislatura comenzó a trabajar haciendo o impulsando reformas constitucionales. No se trata de cambios de nombre de instituciones del Estado, ni queda el asunto limitado en dotar de mandatos y facultades a la administración pública federal, como tampoco este proceso se agota en redefinir las relaciones Estado-sociedad en un contexto dominado por las relaciones neoliberales de producción, en las que éstas imponen exigencias de acumulación y concentración de la riqueza sin mediar escrúpulos morales para las élites.

El eje del discurso presidencial es revelar las consecuencias de las políticas neoliberales que, durante más de tres décadas, tomaron la forma idónea de distribución de la riqueza y apropiación de los recursos públicos. Los privilegios de la clase política y empresarial fueron resultado de la privatización, la disposición de la hacienda pública y de los recursos naturales estratégicos para beneficio exclusivo, sin atender el deterioro social provocado por la concentración del ingreso nacional en una minoría calificada de rapaz. La inseguridad y pobreza son el legado de este modelo económico cuyo sustento ideológico se encuentra en la cultura de la modernidad. A esta situación concurren los dos fenómenos: por un lado, el desmantelamiento del Estado a través de la privatización y desaparición de empresas encargadas de ofrecer productos o servicios –algunos estratégicos como las industrias petrolera y eléctrica, aduanas o la vigilancia del espacio aéreo nacional– hasta llegar al Estado mínimo; y del otro, por la vía de las reformas al orden jurídico se posibilitó el paso rector del Estado al de simple regulador, con gobiernos cada vez más subordinados a los poderes fácticos del mercado. Incluso, en el esquema tecnocrático de la asignación de recursos, el gasto social además de observar una disminución real y la consecuente desaparición de programas en este periodo, enfrentó la embestida de los ideólogos encomendados a calificar a éste de “clientelar” o “asistencial”, y pronto, además, fue desviado a favor de instituciones de asistencia privada, organizaciones no gubernamentales o empresas de servicios subrogados, que durante años sin rendir cuentas, conformaron una red de servicios privados subvencionados por el Estado.

            El modelo económico neoliberal empujó en los países subdesarrollados medidas “recomendadas” por la OCDE para reducir la rectoría del Estado –entendida como la capacidad de autodeterminar el desarrollo– y uno de los mecanismos utilizados fue trasladar las funciones estratégicas del Ejecutivo a entidades autónomas, cuyo poder que les dotó el orden jurídico, hizo de éstas un estado paralelo al servicio de los intereses monopólicos, nacionales y extranjeros. Ante estas circunstancias, la restitución del Estado mexicano ha de caminar el proceso de recuperar para la estructura institucional de la administración pública, es decir, para las secretarías de Estado, las facultades y mandatos clave imprescindibles en la definición e instrumentación del sentido de las políticas derivadas del proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, la reconstrucción del Estado mexicano va más allá de la división clásica de poderes, la cual encontrará en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 los fundamentos políticos para llevarse a cabo.

Hace años era cotidiana la discusión académica y política sobre los motivos o no de las “razones de Estado”. Éstas se aludían para legitimar actos de gobierno o sustentar la soberanía nacional ante la intervención de gobiernos extranjeros. Ahora, el presidente López Obrador en ocasión del 81 aniversario de la expropiación petrolera anunció la soberana decisión de contratar empresas extranjeras que tendrán a cargo la construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco. Sin esgrimir explícitamente la “razón de Estado” se limitó ya la injerencia en los asuntos internos mexicanos de las empresas denominadas de riesgo Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s, las cuales al emitir sus opiniones persiguen presionar la decisión del gobierno de no convenir otros contratos –los firmados con empresas petroleras extranjeras sólo han privatizado grandes extensiones de tierra sin producir hasta el momento un barril de petróleo– ni otorgar nuevos permisos para la importación y exportación de gasolinas porque los autorizados no han sido usados.

Sin embargo, los informes de riesgo fueron retomados por el sistema bancario: BBVA Bancomer advirtió que si no se reanudan “las asociaciones de Pemex con empresas privadas” la paraestatal podría tener serios problemas de financiamiento para seguir produciendo petróleo, el cual se estima anualmente entre los 11 y los 16 mil millones de dólares. Las funciones especulativas de las agencias de riesgo pesan sobre la estabilidad democrática de los países subdesarrollados, y la vía es bastante conocida: dificultar el acceso de créditos para encarecer el pago de intereses, maniobra que afecta negativamente la balanza de pagos por los servicios de deuda. Los eufemismos hacen aparecer civilizados los mecanismos utilizados por el sistema financiero internacional para sojuzgar las economías dependientes: al manipular la inversión extranjera se inducen crisis económicas y políticas. Ese poder financiero de los grandes bancos extranjeros –como BBVA Bancomer o Citibanamex– interviene directamente para presionar al gobierno con la pretensión de imponer las condiciones leoninas que garanticen los millonarios beneficios a las trasnacionales petroleras y mineras que operan en México.

Las dificultades a las que hace frente el gobierno de López Obrador de modificar los grandes intereses arrastrados del modelo económico neoliberal también se oponen a la restitución rectora del Estado. Esta situación no es inédita en la historia mexicana. En pasajes de “Legislaturas nacionales de América Latina” y “El Congreso y México” escritos de Rafael Fernández de Castro y Robert A. Pastor –coordinadores del libro El actor controvertido. El Congreso de Estados Unidos y América del Norte– se ilustra la postura invariable del imperio. En 1986, a causa de la crisis de la deuda externa, el gobierno mexicano tuvo que admitir las implicaciones de la ayuda expuestas en audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, por el conservador Jesse Helms: “Si Estados Unidos es llamado para rescatar, directa o indirectamente, la tambaleante economía mexicana, tenemos el derecho de preguntar hasta qué punto nuestra asistencia puede ser estabilizadora o desestabilizadora (…) Si México quiere ayuda de Estados Unidos, entonces al pueblo mexicano no le queda más opción, me parece, que llevar a cabo reformas políticas fundamentales”. Once años después, 1 de mayo de 1997, cuando se hacían los preparativos de la visita a México de Bill Clinton, Richard Armey, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes y Newt Gingrich, vocero de ésta exigían en una carta al presidente obtener de Zedillo “inmunidad a los agentes de la DEA en México, y los medios necesarios para defenderse –a escasos meses antes de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos– y se permitiera a la guardia costera y aérea de Estados Unidos derechos para incursionar en aguas y territorio mexicanos en caso de que una persecución así lo requiriera.

Por cuestiones económicas o de seguridad relacionada con el narcotráfico la pretensión injerencista estadunidense está acompañada de acciones dirigidas a imponer condiciones que afectan el desarrollo económico y la soberanía nacional. Hoy, tras dos décadas transcurridas, antes y después de la firma del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC) el gobierno ultraconservador de Donald Trump presionó a las firmas automotrices Ford y GM para cerrar plantas y planes de negocio en México, incrementar los aranceles del acero y aluminio, así como no quitar el dedo del renglón: la construcción del muro de una u otra manera lo pagará nuestro país.

Los gobiernos del periodo 1988-2018 respondieron en grado y modalidades distintas a las necesidades e intereses estadunidenses. Durante el tiempo que tuvo vigencia la certificación anual que extendía el presidente de Estados Unidos para evaluar el desempeño del combate al narcotráfico, ésta sirvió también como instrumento punitivo: aplicar sanciones económicas y financieras. El asunto de la detención y/o extradición de capos, políticos y militares de alto nivel fue resultado de esta injerencia. El general Jesús Gutiérrez Rebollo y el exgobernador Mario Villanueva Madrid, entre otros, fueron la cuota de subordinación política; o la “guerra” declarada contra el narcotráfico tuvo, en los dos últimos sexenios, un altísimo costo social: más de 240 mil asesinatos y una cifra superior de 40 mil desaparecidos, a cambio de la ayuda militar estadunidense. En este lapso México resintió, por otra parte, los cambios en la política migratoria: el incremento de deportaciones, restricción de servicios educativos y de salud a la población ilegal residente y persecución policial, hasta llegar a la “cero tolerancia” y criminalización de la inmigración.

En 1996, en la campaña presidencial Pat Buchanan propuso la construcción de una barda y el uso de la Guardia Nacional para impedir el ingreso ilegal de mexicanos a Estados Unidos, y 21 años después, esas medidas forman parte central de la política migratoria estadunidense que han evidenciado, en la agenda del presidente López Obrador, la complejidad de intereses económicos y políticos de la relación bilateral México-Estados Unidos, mismos que están condicionando la reconstrucción del Estado mexicano muy a pesar del proyecto impulsado por el gobierno electo con la mayor votación registrada en la historia contemporánea. Y por si esto fuera poco, América Latina y Europa se toparon con leyes extraterritoriales que imponían sanciones económicas y financieras a gobiernos y empresarios no estadounidenses que hicieran negocios en Cuba. El Acta de Solidaridad Democrática y Libertad de Cuba, de 1996, de Jesse Helms y Dan Burton, es la demostración más acabada de agresión contra países y subordinación de relaciones económicas y políticas a los intereses del imperialismo norteamericano.

En la coyuntura de las transformaciones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los poderes fácticos, internos y externos, están poniendo límites a los alcances –fuera de toda visión voluntarista de la política– de los planes gubernamentales que pretendan restituir la rectoría soberana del Estado mexicano. Una mirada al sur indica la atención que tiene el Departamento de Estado y la CIA para mantener la seguridad nacional estadunidense bajo control.