Ayer espada y cruz, hoy corrupción y soborno

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Contra los hechos --dice el aforismo jurídico-- no valen los alegatos. Y los hechos de la Conquista española de Anáhuac son éstos: en 1521, año de la caída de Tenochtitlán en poder del invasor había en lo que hoy se llama América Latina alrededor de 25 millones de habitantes. Tres décadas después, esa cifra se había reducido a menos de un millón.

La invasión española fue una clara guerra de rapiña, de saqueo, de apropiación violenta e ilegítima de las riquezas de las naciones invadidas: tierras, aguas, personas.

Esa invasión de rapiña y saqueo, mal disfrazada de cruzada civilizadora y evangelizadora, lanzó contra los pobladores de Anáhuac a los bíblicos cuatro jinetes del Apocalipsis: guerra, hambre, peste y muerte.

Hernán Cortés tiene el deshonroso mérito de haber revivido la esclavitud mil años después de que ésta había dejado de existir como modo de producción dominante, a la caída del imperio romano de occidente en el año 456. 

El régimen esclavista, fruto directo de aquella guerra, se prolongó por 300 años. Y se necesitaron 150 años más para que empezara a ser derruido su primogénito: el colonialismo.

Justificar la Conquista significa justificar sus derivaciones naturales: esclavitud y colonialismo. ¿Están los modernos españoles y los criollos mexicanos (los Fernández de Cevallos, los Salinas de Gortari, los Zedillo, los Fox, los Calderón, los Peña Nieto en favor de esclavitud y colonialismo? No hay duda. No se puede aceptar y ensalzar el antecedente y al mismo tiempo repudiar el consecuente.

Y puede afirmarse que, salvo en este puñado de colonialistas, la postura histórica de López Obrador es compartida por la inmensa mayoría de los mexicanos. Porque no sólo implica condenar los horrores de la Conquista, sino igualmente condenar los horrores de la esclavitud y el colonialismo.

Pero además y, como de pasadita, López Obrador, y la inmensa mayoría de los mexicanos que lo respaldan, están condenando también al neocolonialismo, forma de saqueo y expoliación bien representada en México por empresas españolas como Iberdrola, Repsol, Meliá y OHL.

Sólo que ahora las armas del nuevo saqueo no son la espada y la cruz, sino la corrupción, el soborno, el tráfico de influencias, el abuso de poder. 

Ya hace unos días se lo había advertido López Obrador al presidente español Pedro Sánchez: negocios mutuamente beneficiosos sí. Corrupción, sobornos, tráfico de influencias y abuso de poder no. ¿Más claro?

 

 

Privatizaciones, alma del neoliberalismo

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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En el transcurso de los últimos 36 años (1982-2018) pasaron a ser propiedad privada muchas empresas, industrias y recursos productivos que habían sido de propiedad pública, social o cooperativa. La lista es larga: minas, telefonía, tierras, puertos, aeropuertos, sistemas de pensiones, carreteras, siderurgia, banca, ferrocarriles.

Puede afirmarse que durante ese periodo se privatizó una muy extensa y sustantiva proporción de la infraestructura económica del país. A este proceso de apropiación privada de la riqueza pública se le conoce universalmente como políticas económicas neoliberales.

Es cierto que existen otras medidas económicas que son parte de la teoría y la práctica neoliberales, como la desregulación, el fomento del libre comercio y una menor o nula intervención del Estado en la economía. Pero es indudable que el rasgo esencial del neoliberalismo es la conversión de la propiedad pública, estatal o social en propiedad privada.

Y en México este rasgo esencial del neoliberalismo ha dejado de existir desde el 1 de diciembre de 2018. Por eso la declaración del presidente López Obrador sobre la muerte del neoliberalismo en México se ajusta plenamente a la realidad. El silogismo se defiende solo: si no hay más privatizaciones no hay más neoliberalismo.

Haber puesto un alto a las privatizaciones ha sido el primer paso en esta revolución antineoliberal encarnada en el obradorismo. Pero en el mismo sentido antineoliberal van avanzando otras medidas, como lo son el rescate y fortalecimiento de las dos grandes y emblemáticas empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la misma dirección antineoliberal se está trabajando en el rescate y fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE abandonados y arruinados por las políticas neoliberales que pretendían privatizar el sistema de salud pública y que en cierta medida lo habían conseguido.

No va a ser fácil, desde luego, revertir las nefastas consecuencias de casi cuatro décadas de políticas privatizadoras de la propiedad pública, como el evidente y constatable empobrecimiento popular en esos cuatro decenios.

Pero no es imposible. Y, como ya se está viendo, el fin de la apropiación privada de la riqueza pública es el camino para frenar y luego revertir ese empobrecimiento, ese deterioro del nivel y calidad de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos.

 

 

El mayor logro de AMLO

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Casi nada hay de sorprendente en las más recientes revelaciones oficiales y periodísticas sobre las campañas de guerra sucia y propaganda negra contra Andrés Manuel López Obrador durante las campañas electorales de 2006, 2012 y 2018 destinadas a impedir que éste se convirtiera en presidente de la república.

Todo esto ya se sabía y fue del dominio público durante muchos años. Digamos que lo único sorprendente fue y es el rotundo fracaso de la campaña negra de 2018 que no consiguió su propósito de impedir el triunfo del tabasqueño, victoria que, además, resultó abrumadora.

Ya con López Obrador en Palacio Nacional resultaría lógica la aparición de afanes de venganza por tan execrables conductas políticas, verdaderamente criminales. Pero entendible y hasta justificable el deseo de venganza, proceder a ésta sería, como se dice popularmente, quemar la pólvora en infiernitos. Serían fuegos fatuos, fuegos de artificio.

Lo verdaderamente importante radica en impedir que estas conductas criminales promovidas y ejecutadas al amparo del poder del dinero público y privado se repitan en el futuro. Lo verdaderamente importante es impedir que se vuelva a influir perversamente, retorcidamente, mentirosamente, calumniosamente en la opinión pública y, de este modo, en la voluntad electoral de la ciudadanía.

Impedir la reedición de campañas negras y propaganda sucia tendría el efecto de dificultar y hasta evitar el fraude electoral. El fraude electoral que se basa en la manipulación de la conciencia política de los electores.

Muy distinta a la venganza y también contribuyente a impedir fraudes electorales en lo futuro es la justicia, la recta aplicación de las leyes. Y justicia sería sancionar a los autores materiales e intelectuales de las campañas negras de 2006, 2012 y 2018.

Y si bien es cierto que ninguna ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, también es verdad que la citada manipulación de la conciencia ciudadana fue posible mediante la comisión de delitos fiscales y financieros cuyo castigo estaba previsto en las leyes desde antes y al momento de los procesos electorales mencionados, lo que implica que no cabe invocar para estos criminales el principio de la no retroactividad.

Pero con todo y su importancia, la sanción de estos delincuentes es cosa secundaria frente a la imperiosa necesidad de impedir los fraudes electorales  en el futuro. Esto sería, sin duda alguna, el mayor y más trascendente logro de la cuarta transformación de la vida pública de México.