Ni complicidad ni silencio

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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La arrolladora victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio ha dado un vuelco en la correlación de fuerzas políticas en América Latina hasta ese momento favorable al imperialismo estadunidense y a la derecha vernácula.

Desde esa fecha se ha tornado más difícil emprender una acción militar contra Venezuela. Al muy desprestigiado gobierno saliente de Enrique Peña se le acabó el tiempo en sus apoyos y gestiones en favor del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por la vía de una invasión militar. Con López Obrador no habrá complicidad con esos planes agresivos. Y ni siquiera puede pensarse en el aval del silencio.

De modo que puede colegirse que la invasión militar por cuenta de Estados Unidos o de sus aliados-sirvientes como Colombia o Brasil, países fronterizos con Venezuela, ha perdido empuje.

México tuvo durante décadas un enorme e inigualable prestigio en América Latina por su política exterior en defensa de los principios de la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Y a partir del próximo 1 de diciembre en que López Obrador asuma plenamente el poder, ese prestigio perdido volverá por sus fueros. El nuevo gobierno tendrá como divisa el apotegma juarista: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Y ese apotegma tendrá indudablemente un ejercicio activo, por lo que cabe esperar un relanzamiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países, lo que contribuirá a quitar presión en los amagos diplomáticos y mediáticos del imperialismo y de la derecha criolla contra el gobierno de Maduro, lo que, indirecta y adicionalmente, restará gas a las posibilidades y propósitos de una intervención militar.

Sin invasión militar, suponiendo que fuera rápida y exitosa, no se mira cómo puedan ser derrocados Maduro y el chavismo. Ambos mantienen un mayoritario y decidido respaldo popular en lo social, lo político y lo electoral. Entre dos tercios y tres cuartos de la población están del lado del chavismo y de Maduro.

Aquí, en el frente interno, está la clave de la permanencia del chavismo en el poder. Será necesario mantener y acrecentar el respaldo del pueblo al gobierno bolivariano, lo que no parece difícil con una oposición fragmentada, pro yanqui, racista y sin nada que ofrecer a ese mismo pueblo, excepto violencia, golpes de Estado, magnicidio, escasez artificial de alimentos y medicinas y amenazas de invasión militar y guerra regional.

Con el triunfo de López Obrador el imperialismo y la derecha venezolana y latinoamericana han perdido a México, en buena hora, como aliado estratégico e imprescindible en sus afanes intervencionistas y guerreristas.

Nueva estratagema golpista

Para deshacerse de gobiernos progresistas o insumisos o nacionalistas, las derechas nativas y el imperialismo han dejado de acudir, sin desecharlos del todo, a los clásicos golpes militares. En tierras latinoamericanas, el último de esta índole fue el perpetrado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009.

Ahora las derechas criollas y el imperialismo prefieren otras metodologías para derrocar gobiernos desafectos. Una de éstas son las revueltas aparentemente populares pero en realidad planeadas, organizadas, financiadas y tripuladas por las oligarquías locales y las metrópolis occidentales: Washington, Londres, Bruselas, París, Madrid y Berlín.

Fue el caso de Ucrania y el de las llamadas primaveras árabes, como las vividas en 2011 en Egipto, Túnez, Yemen, Libia y Siria, si bien esta última no logró éxito.

Otro método, probado con éxito es el golpe parlamentario, como el desarrollado en Paraguay para derrocar al presidente Fernando Lugo. Es el mismo procedimiento puesto en práctica con las guarimbas venezolanas. Y también idéntico al golpismo blando todavía en curso en Nicaragua para derrocar al gobierno de Daniel Ortega.

Otra modalidad de derrocamiento es la judicialización del golpe. Se acusa vagamente, sin pruebas o con evidencias falsas o manipuladas, a mandatarios, exmandatarios, partidos políticos o candidatos populares de actos de corrupción, con el concurso del Poder Judicial, tradicionalmente en manos de la derecha, y del aparato mediático (prensa, radio, televisión y redes sociales reaccionarias) con la finalidad del derrocamiento o para invalidar o proscribir la participación en elecciones de candidatos populares o antimperialistas. Fue el caso de Dilma Rousseff, presidenta derrocada, de Lula, candidato proscrito, y de Cristina Kirchner, hasta ahora perseguida sin éxito.

Pero ahora está apareciendo una nueva modalidad del golpe judicial. Mauricio Macri está proponiendo la creación de una Corte Penal Latinoamericana (Copla) para perseguir adversarios, con dedicatoria especial contra Cuba y Venezuela, pero teniendo también en mente, órdenes de Washington, a Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega.

Macri tiene planeado proponer el nuevo método de golpe blando en la Asamblea de Parlamentarios del G-20 que se realizará en Buenos Aires el 1 de noviembre.

El gobierno de Peña Nieto ha sido invitado al cónclave. Pero la arrasadora victoria electoral de López Obrador permite prever que México no se sumará a esta nueva estratagema golpista.

Aeropuerto y maestría política

Son muy grandes, influyentes y poderosos los intereses que empujan la construcción del llamado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en el municipio de Texcoco: banqueros, financieros, industriales, comerciantes. Pero también son muy grandes, influyentes y poderosos los intereses que se oponen a esa obra y que se inclinan por realizarla en Tizayuca: campesinos, académicos, ecologistas, científicos honrados, luchadores sociales.

Para tomar una decisión, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto una consulta a la ciudadanía. De modo que la moneda está en el aire y puede caer en cualquiera de ambos lados.

Pero caiga donde caiga la moneda, no hay razón para hacer del tema un casus belli. Ya López Obrador apuntó la solución. Si la moneda cae del lado de Tizayuca, ésta será la sede del nuevo aeródromo. Y si cae del lado de Texcoco, los interesados en su realización podrán llevarla a cabo. Una cosa no quita la otra.

Aunque no se ha dicho con claridad, se puede colegir que en Tizayuca el aeropuerto sería una obra del Estado, una obra pública, mientras que en el caso de Texcoco, el propio López Obrador ha dicho con toda claridad que la obra sería con cargo a los recursos de sus promotores, es decir, que sería una obra privada.

El nuevo gobierno, desde luego, no se opondría ni se opondrá a la construcción del aeródromo en el antiguo lago de Texcoco, pero no financiará el rapaz negocio de unos cuantos multimillonarios. Si éstos ven el NAIM como un gran negocio que les dejará incuantificables ganancias, tendrán la oportunidad de realizarlo. Se combinarían equilibradamente la democracia (la consulta) y la libertad de hacer negocios.

Es claro, sin embargo, que a la oligarquía no le gusta la solución planteada por López Obrador. A los grandes capitalistas les agradan los negocios y las ganancias hechos con el dinero ajeno, no con el propio. Les gustan los riesgos pero no muchos. De modo que no se le ven muchas posibilidades a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Para compensarlos un poco por la decepción, el nuevo gobierno hasta podría invitar a estos grandes capitalistas a sumarse al proyecto de Tizayuca. De cualquier forma ellos ganarían. Y todo el mundo ganaría.

De nueva cuenta López Obrador da muestras de su innegable sabiduría política. Ha logrado zafarse de la trampa del nuevo aeropuerto sin conflictos mayores, sin sangre, sin muertos y sin represión. Y, sobre todo, sin perder un ápice de gobernabilidad y sin mengua de su inmensa autoridad moral frente a sus más de 30 millones de electores.