Tres tareas ineludibles para AMLO

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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La inflación o carestía y el desempleo son dos viejos conocidos de la sociedad mexicana. Y ambos se expresan materialmente en la pobreza de amplias capas sociales. De modo que combatir o atenuar la pobreza pasa por combatir o atemperar inflación y desempleo. Este triple combate será la principal tarea del nuevo gobierno.

Como lo prueba la experiencia histórica mexicana y universal, atenuar desempleo y carestía conlleva necesariamente a una disminución de la inseguridad y de la delincuencia. Y, consecuentemente, a un incremento de la tranquilidad y la paz sociales.

Combatir y atemperar inflación y desempleo no son tareas sencillas. Llevan tiempo y exigen perseverancia. Pero no debe perderse de vista el objetivo central que es el aumento de los ingresos de aquellos amplios sectores sociales empobrecidos. La obtención de un empleo o un empleo mejor pagado significa ingresos (o mayores ingresos personales y familiares). Y una disminución de la carestía, si bien no significa un mayor ingreso sí representa un mayor rendimiento del ingreso.

Existen diversas formas de lograr un mayor rendimiento del ingreso familiar. Es el caso de salud y educación. Si personas y familias dejan de utilizar parte de su ingreso en el pago de servicios educativos o de salud, ese ingreso, sea cual sea su monto, rinde más e implica menor pobreza.

La historia económica revela que el gasto público en servicios de salud y educativos son la gran herramienta en el atemperamiento de la pobreza. O, en el caso de las llamadas clases medias, un mayor rendimiento del ingreso familiar, lo que se traduce en mayor bienestar personal y familiar.

La experiencia demuestra cómo en épocas de crisis económica, es decir, en tiempos de aumento de la inflación y el desempleo, las familias tienden a ajustar su gasto prescindiendo de los servicios privados de salud y educativos, recurriendo a educación y salud públicas.

Es por eso que tienen que ser recibidas como muy buenas noticias los anuncios hechos por López Obrador de incrementos sustantivos en las inversiones en salud y en educación públicas. Y también son buenas noticias el mantenimiento y mejoría de los programas de becas y auxilios monetarios a los sectores sociales más vulnerables frente a carestía y la falta de empleo.

Salud y educación públicas, así como esos auxilios monetarios no eximen de realizar esfuerzos en materia de recuperación salarial. Durante las tres décadas de políticas económicas neoliberales aumentó la pobreza como fruto directo de las medidas de contención salarial. Es imprescindible, en consecuencia, una política de recuperación salarial. Y ésta tiene que comenzar por la recuperación del llamado salario mínimo. La experiencia histórica también enseña que los incrementos en el salario mínimo empujan al alza al resto de los salarios.

Hasta el momento no se han hecho públicas las intenciones del nuevo gobierno de poner en práctica un programa de recuperación salarial. Pero ya hay claros indicios de que existe consenso social en la necesidad de incrementar, en breve plazo y en un monto significativo el salario mínimo.

Mayor inversión pública en salud y educación, mantenimiento y mejoría de los programas de auxilios monetarios a los sectores sociales más vulnerables y una decidida política de recuperación salarial son las tres ineludibles tareas del nuevo gobierno.

AMLO y el fin del permiso para robar

La noticia es una bomba, pero no resulta sorprendente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación recortará sus gastos y se sumará al programa de austeridad propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Dicho en otras palabras, los miembros de la Corte han aceptado reducir sus escandalosos e inmorales ingresos: sueldos, viáticos, compensaciones, bonos de desempeño, igualas, premios.

Y también han aceptado reducir sus gastos en vehículos de lujo, choferes, sirvientes, asistentes, asesores, secretarios y secretarias, pasajes aéreos en primera clase, vacaciones de lujo y dispendio pagadas con dinero público y un largo catálogo de otras formas de ingresos excesivos, descomunales, exorbitantes.

¿Se trata acaso de un repentino e inexplicable rapto de arrepentimiento? ¿De un súbito reconocimiento de las faltas cometidas por largos años y su consecuente propósito de enmienda? ¿O será que simplemente han entendido que con López Obrador llegó a su fin el permiso para robar?

Este es el punto central: ya no habrá permiso para robar, para corromper y corromperse, para violar y burlar la ley, para el enriquecimiento inexplicable, para la compra y venta de fallos judiciales, para la transa. Se trata finalmente de un cambio de época, de una revolución ética: se terminó el permiso para robar.

De aquí en adelante el que quiera robar lo hará sin permiso y bajo su propio riesgo. Estos ladrones ya no podrán escudarse en el clásico “Si roba el presidente, ¿por qué yo no he de robar? Si el presidente es un corrupto, ¿por qué yo no he de serlo también? Si el presidente goza de impunidad, ¿por qué yo no he de tener ese mismo privilegio?

Nadie sensatamente puede pensar o decir que a partir del 1 de diciembre de 2018 se acabarán la corrupción, el latrocinio, los moches, las mordidas, el cohecho, el ingreso subrepticio, los arreglos bajo la mesa. Lo que se terminará es nada más, pero nada menos que el permiso presidencial (tácito, expreso o descarado) para robar.

Y lo dicho para los miembros del mayor tribunal cabe para los parásitos que medran desaforadamente en el Instituto Nacional Electoral, el corruptísimo INE. Y también para los secretarios de Estado federales y para los gobernadores en esta nueva época. Y consecuentemente para los funcionarios federales, estatales y municipales.

El permiso para robar también ha terminado para jefes y funcionarios de los organismos descentralizados y las empresas públicas, como son los casos emblemáticos de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con el triunfo de López Obrador se terminará de tajo el principal motor de la corrupción, es decir, el permiso presidencial, el permiso superior para robar. Y para asesinar, secuestrar, violar. Soldados, marinos, gobernadores, policías, agentes del Ministerio Público ya no contarán con permiso superior para sus tropelías. Y no habrá permiso superior ni impunidad garantizada para nuevos Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, San Salvador Atenco.

El tímido reconocimiento hecho por la Corte de sus inmorales excesos y su declarado propósito de enmienda es la primera señal de la nueva época que México empezará a vivir en el futuro inmediato. Y todo, simplemente, porque con López Obrador ha llegado a su fin la patente de corso llamada permiso para robar.

Triunfo de la educación pública

Elba Esther Gordillo no cayó en prisión por ladrona o por corrupta o por su enriquecimiento inexplicable y a todas luces ilegal, ilegítimo, inmoral, mal habido, criminal. Fue a la cárcel como castigo por su indisciplina política al haberse opuesto a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Y esa negativa la convirtió en la principal presa política del peñismo.

Pero bien se sabía que su castigo no podría ir más allá del sexenio peñista. Y tal como ordenaba la tradición del preso político en México fue puesta en libertad poco antes del fin del sexenio de su vengativo encarcelador. De modo que tanto su encarcelamiento como su liberación son de la absoluta responsabilidad de Enrique Peña Nieto.

Por ello, mírese como se mire, la puesta en libertad de la Gordillo constituye una severa y sonora derrota para los propósitos privatizadores de la educación pública. Y también para los principales promotores de esa privatización, es decir, los grandes capitalistas que impusieron ese proyecto en la agenda política de Peña Nieto.

La tal reforma educativa era la reforma de reformas del neoliberalismo instalado en Los Pinos. Ideológica, política y económicamente, era más importante que las reformas energética, fiscal o de telecomunicaciones. Implicaba apoderarse plenamente de la conciencia de los niños y jóvenes mexicanos. Y con ello de la conciencia de todo un pueblo.

Pero la liberación de la Gordillo no pasaría de ser un hecho anecdótico si no se hubiera dado en el contexto del triunfo electoral de la candidatura popular de López Obrador. Porque esta victoria significa el abandono de las privatizaciones en general y de la educativa en particular. Y más aún: representará, como ya se está viendo, un enorme impulso a la educación pública.

Este empuje a la educación pública implicará necesariamente la mejoría salarial de los maestros. Y su capacitación y adiestramiento en la aplicación de las nuevas tecnologías digitales al proceso de enseñanza aprendizaje. Y también, desde luego, el fin de la campaña mediática de satanización, desprestigio y ninguneo de la educación pública, de los profesores y del normalismo mexicano, campaña malévola trabajada con esmero por los grandes capitalistas y por los gobiernos neoliberales en los últimos 30 años.

La Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana, como las tres grandes transformaciones de México en los últimos 200 años, no pueden entenderse sin el concurso de la educación pública, es decir, de la educación universalizada, gratuita y laica.

El gobierno de López Obrador, que se ha propuesto impulsar y conducir la cuarta transformación de México, tiene la necesidad histórica de fomentar, ampliar y vigorizar la educación pública. No sólo la convicción, sino la necesidad histórica de hacerlo.

Para el logro de este supremo y loable propósito, López Obrador contará sin duda con el apoyo de los maestros y de sus organizaciones sindicales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en primera línea. Y también con el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), antigua organización charra, cuyos líderes sabrán sumarse a la corriente popular, so pena de su derrocamiento por sus propias bases. Y también, por supuesto, con el de las universidades públicas y sus sindicatos, cuya existencia estaba gravemente amenazada por la ola privatizadora.