"Señales contradictorias" de AMLO: Cárdenas

La Redacción
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* Las políticas anunciadas no conllevan riesgos al poder económico * Prevaleció “la salida negociada y la protección de la retirada y el statu quo” * El neoliberalismo está a salvo * Se adecuará el modelo * Llama a construir otra “mayoría social y política”

En un ácido documento, dado a conocer el 21 de agosto y titulado El nuevo gobierno y lo que sigue, Cuauhtémoc Cárdenas considera que la cuarta transformación anunciada en campaña por el ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador “inicia con señales contradictorias”.

Cárdenas Solórzano alerta sobre “excesos centralistas” en el nuevo gobierno con la creación de delegaciones federales únicas, una por entidad federativa, y rechaza tajante que a “AMLO y Morena” se les pueda caracterizar como representantes de la “izquierda mexicana”. Es oportuno recordar que el ingeniero se opuso en el III Congreso del Partido de la Revolución Democrática, del que fue cofundador, presidente y “líder moral”, a que éste se definiera como partido de izquierda y perdió la votación.

En un amplio escrito, de 17 544 caracteres con espacios en blanco incluidos, que firma junto con sus colaboradores Carlos Lavore y Víctor García Zapata, el tres veces fallido candidato presidencial destaca que “no parece posible que se inicie un proceso de desmontaje de la hegemonía neoliberal”, sino más bien de “una etapa de adecuación del modelo”.

Y destaca: “Lo primero que sorprende es la enorme y desinhibida capacidad de adaptación de los poderes fácticos a las nuevas circunstancias y también la respuesta magnánima de quien obtiene el triunfo y está dispuesto a olvidar todas las diferencias en aras de la convivencia pacífica”.

Enseguida se reproduce el texto de Cuauhtémoc Cárdenas y sus dos colaboradores: El nuevo gobierno y lo que sigue

Recuento

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y de Morena expresa el hartazgo de quienes votaron ante los resultados de los últimos gobiernos federales del PAN y del PRI, y de los gobiernos estatales, en especial ante la incontrolada violencia delincuencial, la inseguridad pública, la violación de derechos, la corrupción burocrática, sindical y empresarial sin freno y la impunidad, reinantes en el país. Y, seguramente, también el rechazo a los impactos negativos de las políticas neoliberales en términos de despojo de tierra y recursos naturales, desempleo creciente, caída de los salarios e ingresos reales, notoria desigualdad social y de género, informalidad y pobreza, segregación y exclusión, penuria de vivienda y servicios sociales, que la mayoría de la población resiente e identifica como resultado del mal gobierno, aunque no del modelo de desarrollo neoliberal.

La amalgama ideológica abanderada por AMLO acompañó una propuesta electoral centrada en el combate a la corrupción, considerada la culpable de todos los problemas nacionales y en la aplicación de la austeridad republicana, que aportaría los recursos para nuevas políticas y proyectos. El éxito de ambas se asentaría en el buen ejemplo. En campaña también fueron enunciadas medidas asistencialistas como los apoyos monetarios para adultos mayores y jóvenes que no estudian ni trabajan, y un desarrollo regional fincado en medidas como la descentralización de secretarías de Estado a las capitales estatales, el mantenimiento de las zonas económicas especiales y megaproyectos que son continuidad de la lógica prevaleciente.

En ningún momento se hizo referencia a causas estructurales del sistema socioeconómico y territorial nacional e internacional, como responsables del lento crecimiento económico de décadas ni de la crisis social que lo ha acompañado. No obstante, medios y analistas identifican a AMLO y Morena como “la izquierda mexicana”, aunque no hay elementos significativos en la propuesta política y en las prácticas e ideologías del conjunto de su futuro gabinete, que permitan caracterizarlos como tales.

Pragmáticamente López Obrador ofreció seguridades al capital financiero, empresarios, medios de comunicación y gobernantes de turno, en virtud de lo cual los poderes económico, político y mediático matizaron el discurso confrontativo y descalificador en su contra, allanando camino. Por su parte, el hartazgo, descontento, sufrimiento y enojo se tradujeron en rebelión electoral, en manifestación cívica contra tanto despojo, violencia, corrupción e impunidad, acompañado por la esperanza en que alguien lo pueda solucionar.

El mensaje de las y los votantes se perló con claridad: no queremos más de esto, llámese como se llame. El estado de ánimo social proporcionó una suerte de blindaje al triunfador y obligó al poder establecido a pensar dos veces la tentación de la salida fraudulenta y autoritaria. Prevaleció la aceptación de la derrota, la salida negociada y la protección de la retirada y el statu quo.

El cierre de la jornada electoral se ajustó a un solo guion: rápido reconocimiento de Meade, discurso del titular del INE y discurso presidencial. En esta secuencia, la democracia formal quedó a salvo y hasta fortalecida para el relato institucional y mediático, a pesar de las numerosas irregularidades en el proceso y en la jornada.

Aunque no explícitamente, la hegemonía neoliberal ha sido severamente cuestionada por la sociedad. La soberbia tecnocrática, la corrupción del sistema político y judicial, los candados del sistema electoral a la participación ciudadana independiente, la penetración del crimen organizado y el agotamiento del discurso mediático, contribuyeron a un “alto aquí” cuyos efectos están por verse.

La suma de agravios, la pobreza, la desigualdad, la multiplicación de víctimas, el desprecio institucional por los derechos humanos, la injusticia, se traducen en crecientes reclamos que se articulan a través de mecanismos alternos de información y, en la oportunidad, se expresaron en el castigo electoral. Las diversas formas de organización de la sociedad en resistencia, allí están.

Presente

No parece posible que se inicie un proceso de desmontaje de la hegemonía neoliberal para sustituirla por otra de corte popular, en favor de un país igualitario, justo, libre y soberano. En cambio, es probable que se inicie una etapa de adecuación del modelo, sin mayores cambios en su naturaleza y en las relaciones de poder, pero con nuevas pautas para cierta distribución de riqueza y un reacomodo político derivado del colapso de los partidos y del caudal de votos de AMLO y Morena.

El capital financiero y las grandes empresas han recibido garantías: equilibrio macroeconómico, disciplina fiscal, autonomía del Banco de México, no incremento de impuestos, refuerzo de las ZEE, apoyo a la inversión. Adicionalmente, tienen presencia en el futuro gobierno.

Las corporaciones mediáticas, también debidamente representadas, han sido felicitadas por su comportamiento y tienen garantías de que su hegemonía cultural conservadora no será atacada. El cierre de campaña de Morena, en el Estadio Azteca, es un hito en la espectacularización de la política en manos televisivas y un refrendo de acuerdo.

Lo político institucional es el plano dónde los cambios pueden ser más evidentes, asentados en la conformación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en la crisis y reconfiguración de los partidos políticos y en los primeros lineamientos de políticas públicas relacionadas con corrupción, austeridad y ajustes burocráticos, con los riesgos e injusticias que puede conllevar. Sin embargo, esto no impide que se mantenga el régimen presidencialista y centralista, ahora sin contrapeso institucional, con gran capacidad de dirección política y prescindiendo de la organización y participación popular.

Reconociendo el avance democrático, lo primero que sorprende es la enorme y desinhibida capacidad de adaptación de los poderes fácticos a las nuevas circunstancias y también la respuesta magnánima de quien obtiene el triunfo y está dispuesto a olvidar todas las diferencias en aras de la convivencia pacífica.

Luego del triunfo, se ha desatado un entusiasmo general. Buena parte de los sectores sociales, de los empresarios, los sindicatos, los gobernadores en funciones y muchas OSC apoyan públicamente al ganador y se alinean con él, reeditando tiempos pasados. Las políticas anunciadas hasta el momento, no conllevan riesgos ni amenazas para el poder económico, los mercados funcionan con normalidad y el FMI ha expresado su contento.

El reclamo social expresado en las urnas puede tener respuestas inmediatas a través de ciertas medidas recién enunciadas: impulso al mercado interno, recuperación salarial, apoyo al campo, industrialización, política de seguridad y combate a la violencia y el crimen, reforma educativa, beneficios sociales, regulación del mercado de drogas y proceso de pacificación. Anuncio de mayor información, diálogo de funcionarios con organizaciones, debate de algunas políticas públicas y no criminalización de resistencias, pueden contabilizarse en favor de una apertura. Del mismo modo, los incipientes trazos de una política migratoria vinculada al desarrollo regional, Centroamérica incluida, aunque debe señalarse las dudas que generan el papel a jugar por el Istmo de Tehuantepec y la zona franca en la frontera norte.

Otras medidas pueden llevar a excesos centralistas, propios de un gobierno que controla los poderes Ejecutivo y Legislativo, como la creación de delegaciones federales únicas en los estados a manera de prefecturas designadas desde el centro que pueden marginar a las autoridades electas localmente y constituirse en el verdadero poder local.

Pero lo más relevante se encuentra en los temas ausentes (ver documento “Lo que no se dice”, 22 junio 2018). Falta saber cuál es, en realidad, la visión integral de país, de ocupación sustentable y armónica del territorio, del papel de la sociedad y las comunidades y su participación organizada en la definición de políticas públicas en todos los órdenes de gobierno. Cómo y en función de qué se definen proyectos como el Tren Maya, el reforzamiento de la ZEE del Istmo de Tehuantepec, la localización de refinerías o de reforestación. No se percibe el concepto rector que articule y otorgue sentido a las diversas medidas que se están anunciado.

No se mencionan cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para revertir las reformas de 2013. No hay referencia alguna al extractivismo, en cualquiera de sus formas y variantes; la reforma del Estado, incluyendo el sistema de justicia en procuración, administración e impartición y la institucionalidad electoral; el papel del municipio, base de las relaciones democráticas y primer afectado por el crimen organizado; la planeación integral del desarrollo con participación social en todos los niveles, mecanismo real de control del libre mercado; una comunicación democrática, abierta y plural en contrapeso a las corporaciones mediáticas; una política de género transversal a la gestión; los derechos de pueblos y comunidades indígenas, más allá de lo declarativo; la relación con América Latina y el papel de México en el mundo; éstos, entre otros temas que son sustanciales para la construcción de un país de iguales.

Dejan abiertos muchos interrogantes el enfoque de los problemas y la concepción para abordarlos. Por ejemplo, despojo, violencia, corrupción e impunidad, no son causas de fondo, son consecuencia de un modelo de dominación y colonización que debe ser sustituido completamente. Estos flagelos, que acompañan la historia de la humanidad, hoy son expresión del neoliberalismo. Si la corrupción se toma como causa de los males nacionales, se está ocultando su naturaleza y acotando la posibilidad de reducirla. Otro ejemplo es el ajuste del gasto burocrático que, planteado como está, responde a lineamientos propios del neoliberalismo.

Reducir los ingresos de los mandos superiores en todos los poderes y cuidar que no haya dispendio de recursos públicos ni corrupción, es muy importante pero no suficiente para definir una institucionalidad pública que impulse un nuevo modelo de desarrollo capaz de limitar la voracidad del gran capital, controlar la especulación y generar una distribución equitativa de la riqueza, que ofrezca empleo digno, educación, salud, seguridad y vivienda para todos.

Lo que sigue

La experiencia reciente en varios países de América Latina muestra el talante de la derecha conservadora neoliberal y es una referencia para tener en cuenta. El poder global y sus aliados locales harán lo necesario para mantener su hegemonía y, aunque en este momento nada los amenaza, la expectativa popular sobre el nuevo gobierno introduce una tensión que, antes de ahora, fue reclamo desoído o reprimido.

Esa expectativa de cambio real y profundo de buena parte de la sociedad requiere apuntalarse, articularse y traducirse en participación activa y organizada. Se abre un proceso inédito que debe aprovecharse para ampliar la organización y desarrollo de las fuerzas de transformación del país. Diversas organizaciones locales y ciudadanos participaron del proceso electoral, desde una visión independiente y de renovación. Más allá de las limitaciones normativas impuestas y los resultados numéricos, hay un salto cualitativo que debe ponderarse y proyectarse a futuro.

Las múltiples resistencias desplegadas en defensa del territorio y los recursos naturales no se detienen en su defensa de la vida. Las organizaciones que reclaman por memoria, verdad, justicia y reparación, no se quedarán en la expectativa. Y las que trabajan por un cambio institucional de fondo, lo seguirán haciendo. Pero en conjunto siguen siendo un mosaico disperso y fragmentado, cuya articulación es una asignatura pendiente y es una necesidad para impulsar transformaciones reales.

Con todas y todos es necesario una interlocución sistemática, una construcción de vasos comunicantes, de identificación de reivindicaciones programáticas comunes y de coordinación organizativa, con autonomía, sin alineamientos incondicionales, aprovechando todos los espacios que se abran, apoyando las medidas que favorezcan y señalando las que no. La participación del pueblo organizado en el proceso de transformación del país, es indelegable.

Desde la perspectiva de Por México Hoy, hay una agenda para sostener y una construcción de mayoría social y política a continuar. Ninguna de las dos queda resuelta con la elección del nuevo gobierno, aunque con éste puede haber mejores condiciones en la búsqueda de un proceso constituyente ciudadano que dé por resultado un nuevo pacto social plasmado en una nueva constitución. Para ello es necesario mantener la capacidad crítica, continuar desarrollando el análisis de las causas estructurales de la crisis económica, social y territorial que afecta al país y sus habitantes, aumentar el potencial de difusión de las propuestas de cambio y articular las diversas formas de organización de sociedad y comunidades en torno a un programa común. Allí radica el impulso a las transformaciones reales para un México de iguales.

Postdata

Es difícil abrir juicios definitivos sobre lo que está por venir. La enunciada “cuarta transformación” del país inicia con señales contradictorias, propias de una amalgama de intereses muchas veces contrapuestos. Están pendientes los temas mencionados Por México Hoy. En el nuevo gobierno y lo que sigue arriba, aún faltan por definirse muchas políticas públicas y no están claros los mecanismos de participación ciudadana en ese proceso, ni su incidencia real.

El poder económico y el poder mediático tienen presencia activa en la promoción de sus intereses, la continuidad de su narrativa ajustada al momento y el inicio de lo que puede llamarse deconstrucción de subjetividades favorables al futuro gobierno.

La rebelión electoral abrió una brecha importante en la disputa por el país, un espacio que debe ocuparse con participación social organizada, con propuestas concretas y con la construcción de un sentido común emancipatorio.

Es necesario poner en la agenda pública los temas ya mencionados: el extractivismo, en cualquiera de sus formas y variantes; la reforma del Estado, incluyendo el sistema de justicia y el mecanismo electoral; los derechos humanos; el papel del municipio, base de las relaciones democráticas y primer afectado por el crimen organizado; la planeación integral del desarrollo con participación social en todos los niveles; una comunicación democrática, abierta y plural en contrapeso a las corporaciones mediáticas; una política de género transversal a la gestión; los derechos de pueblos y comunidades indígenas, más allá de lo declarativo; la relación con América Latina y el papel de México en el mundo.

Debe impulsarse revertir los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, la derogación de la Ley de Seguridad Interior, el decreto sobre aguas, la Ley General de Biodiversidad y asimismo la revisión de las leyes de Minería, de Hidrocarburos, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de Aguas Nacionales, leyes en materia agraria, de Inversión Extranjera, de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de Desarrollo Forestal Sustentable.

Para todo ello se requiere la articulación con las distintas organizaciones de la sociedad civil que despliegan su actividad en el territorio nacional, ocupando todos los espacios, públicos, institucionales y mediáticos.

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