La impunidad que nos corroe
Jorge Meléndez Preciado
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La sentencia contra Javier Duarte por lavado de dinero y otras fechorías será de nueve años de prisión y una multa de 58 mil pesos. Aunque debido a los nuevos procesos saldrá en setecientos días. Mientras su esposa, Karime Macías, lee revistas de sociales en el Metro de Londres y en sus ratos libres “quiere más abundancia”, no obstante ser quien organizó un desfalco al erario de más de 70 mil millones de pesos. Ya no hablemos de los muertos y desaparecidos en Veracruz.
El mismo juez de Javidú, Marco Antonio Fuente Tapia, ya liberó a Alfredo Gutiérrez, detenido en Chihuahua por desvíos presupuestales para favorecer al PRI. Algo que también hizo el veracruzano, ya que aportó recursos a la campaña tricolor de conocido mexiquense.
César Duarte, en Estados Unidos, sigue carcajeándose de todos, no obstante que descontó millones de pesos de los sueldos de los burócratas chihuahuenses para que su antes partidazo pudiera comprar votos, y asimismo para fundar su banco.
Quienes construyeron las edificaciones que terminaron colapsándose el año pasado y en las cuales murieron cerca de 300 personas, no irán a prisión, ya que no son delitos graves (El Universal, 27 de septiembre).
Gustavo Rodríguez, vocero de Rosario Robles, se declaró culpable de que no se hicieron bien las cosas en los anuncios realizados para Sedatu de la Universidad Autónoma de Hidalgo, en los cuales se erogaron cientos de millones de pesos. El será castigado con una multa e inhabilitado por 10 años. Ella continuará desfalcando a todo mundo
Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio, Humberto Castillejos y Enrique Peña Nieto se mueven muy orondos por el país a los cuatro años del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, crimen de lesa humanidad.
Por si algo faltara en esta tragicomedia, el avión presidencial tan costoso falló una vez más y Peña Nieto no pudo regresar de Nueva York en la costosa nave.
La impunidad y la arbitrariedad es la constante, según lo expresa Alarcón en su cartón (El Heraldo de México, 28 de septiembre).
Sentencia inédita en Coyoacán
Jorge Meléndez Preciado
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El TEPJF acaba de pronunciar una sentencia inédita en la historia de las elecciones en México: consideró nulos los comicios en Coyoacán por “uso de programas sociales y (debido a la) violencia política de género”. Este último razonamiento es importantísimo en esta época, donde las mujeres han ido ganando, no sin trampas y presiones, una mayor presencia en los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Si antes supimos de los ominosos casos de Las Juanitas y Las Manuelitas, donde se utilizaba a ellas para que luego renunciaran y quedaran al frente varones, en el asunto de la delegación sureña en la Ciudad de México, que la actriz María Rojo enfrentara no al futbolista Manuel Negrete sino a la mafia encabezada por el hoy diputado, Mauricio Toledo, se hizo algo más ruin y grotesco. Se intentó amedrentar por todos los medios a la señora Rojo, incluso con descargas de armas de fuego cerca de su domicilio; se le obstaculizó siempre sus actividades, se destruyó su propaganda, se distribuyeron volantes donde ella aparecía desnuda (recuérdese que ha filmado películas atrevidas como La tarea de Jaime Humberto Hermosillo y las escenas requeridas eran sin ropa) para denigrarla y hasta el día de la elección (primero de julio) se pegaron en los alrededores de las casillas volantes con frases denigratorias para esta profesional del arte.
Todo ello está documentado y seguramente resultó evidente para que las autoridades dieran ese trascendental fallo, el cual abre una nueva etapa en la historia mexicana.
Obviamente que la compra de votos, el uso de golpeadores (dos mítines de Claudia Sheinbaum fueron reventados por las hordas de Toledo) y muchas otras cuestiones negras también son de tomarse en cuenta. Pero el argumento de género es bienvenido en esta hora de transformación.
México avanza y sin la participación amplia, plena de las mujeres ello no será posible.
Asesinatos de periodistas y política de comunicación
Jorge Meléndez Preciado
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Mario Gómez, asesinado en Chiapas el 21 de septiembre, es el noveno compañero caído en este año y el número 45 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y esperamos que no llegue a la cifra de Felipe Calderón, 52 homicidios de reporteros. Desde el año 2000, según investigaciones, han borrado del mapa a 118 informadores. La sanción a los criminales ha sido, cuando más, de 2 por ciento. La impunidad es lo característico en 18 años.
Los principales agresores no son miembros del hampa organizada, sino funcionarios públicos en un 40 por ciento, y después, 37 por ciento, las bandas que pululan a la largo de la nación y 16 por ciento del Ejército y la policía (Animal Político, 25 de septiembre), según el Colectivo de Análisis y Seguridad con Democracia.
Dicha organización señala que 80 por ciento de periodistas se han sentido amenazados luego de publicar; 34 por ciento padeció violencia física y 29 por ciento fueron privados de su libertad, por lo que 90 por ciento siente que su profesión es de mayor riesgo que otras.
Lógicamente en los estados la situación es más peligrosa, ya que siete de cada 10 afirma que no se pueden expresar con libertad. Algo que ya advertía Manuel Buendía hace muchos años, diciendo que en la mal llamada provincia las calles eran más estrechas, pues los caciques se topaban con sus críticos y las represalias eran terribles.
Los organismos gubernamentales supuestamente protectores de los mensajeros sirven de poco o nada. Por ejemplo, Cándido Ríos, de Acayucan, Veracruz, estaba en el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, igual que Rubén Pat, de Quintana Roo, empero ambos fueron silenciados. Y dicha institución tenía 15 millones pesos para resguardar a 700 personas este año.
Mientras que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, contaba, en 2017, con 140 denuncias y estaba rezagada en 127 de ellas. Realmente patético.
En este contexto, donde hay impunidad, opacidad, organismos que sirven para casi nada y dineros a la baja por negligencia del sector público, estimula que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del próximo gobierno, anuncie que se propondrá una Ley Marco de Comunicación Social y se buscará echar abajo la llamada Ley Chayote, aprobada por la anterior bancada legislativa e impulsada por Enrique de Atlacomulco (Jenaro Villamil en Facebook, 25 de septiembre).
Dice correctamente Ramírez Cuevas que los actuales despidos en medios –una fuente confiable informa en Milenio que van 200– no deben ser atribuidos a la próxima administración federal. También señala Jesús que habrá un fondo público para el periodismo de investigación y que la publicidad gubernamental no intentará controlar a los medios, como ahora, sino alentar el periodismo diverso.
Frente a los rumores que por el adelgazamiento de las oficinas de información en las secretarías de Estado habrá recortes, apuntó el vocero que se reubicará a quienes no puedan seguir en dichas ocupaciones (La Jornada, 25 de septiembre). Llamó a que los trabajadores de los medios cuenten con derechos laborales, seguridad social y jubilación. Actualmente, sabemos por muchos compañeros, el outsorcing y el trabajo por tiempo limitado es la constante. Incluso, hay la certeza, que algunos espacios muy reconocidos pagan a sus colaboradores cifras ridículas.
Jesús hizo un exhorto para que los medios transparenten su línea editorial. Algo que es un hecho en países como Estados Unidos, donde los informativos toman partido, abiertamente, por los diferentes grupos sociales.
Señaló Ramírez Cuevas que habrá la mayor apertura en muchas cuestiones y no existirá opacidad. Y adelantó que los medios del gobierno se convertirán en públicos con el fin de que haya una vigilancia y participación social en ellos, amén de garantizarle mayores presupuestos.
En la reunión, el diputado Mario Delgado llamó a democratizar todos los contenidos de los medios y otorgarles mayor voz a los ciudadanos, los cuales en redes sociales han empezado a ser más críticos con López Obrador. Y su compañera de bancada, Dolores Padierna, planteó la necesidad de una nueva Ley de Radio y Televisión, asimismo proporcionarle derechos a las audiencias y a los usuarios de internet y telefonía.
Propuestas iniciales que seguramente deben complementarse con las de varias organizaciones sociales que han trabajado al respecto y mejorarán lo proyectado por los funcionarios y legisladores.
Falta, empero, una mayor protección a los informadores.
