Acusados a la CPI,
paradojas de la justicia

Tatiana Martínez Hernández / Prensa Latina

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Es la segunda ocasión en que la Corte Penal Internacional (CPI) emite una orden de arresto contra el líder de una nación subdesarrollada; primero, el presidente sudanés Omar Hassan Al Bashir, y ahora, el gobernante libio Muammar Kadafi.

El pasado 27 de junio, la CPI dispuso el arresto de Kadafi, tal como lo hizo en 2009 con Al Bashir, el primer jefe de Estado en ejercicio acusado por la justicia mundial. Ambos casos recibieron el rechazo de la Unión Africana, de gobiernos y de gran parte de la opinión pública.

Un tribunal especial para Yugoslavia, juzgó en 2001 al expresidente Slobodan Milosevic, quien murió en prisión en 2006, cuando preparaba su autodefensa en la que culpaba a Estados Unidos y a Europa de propiciar los sucesos en los Balcanes.

La inclinación por investigar y procesar a líderes de naciones tercermundistas y contrarias a las políticas hegemónicas de Washington, convierte a la CPI en un ente de dudosa credibilidad, coinciden políticos.

La rapidez con la que logran reunir las pruebas para enjuiciar a unos, contrasta con la dilación en otros casos, en especial las acusaciones a Estados Unidos y sus aliados por los crímenes cometidos en las intervenciones a Irak, Afganistán y otros países.

Aunque se presenta como una entidad independiente, lo cierto es que actúa de acuerdo con los intereses de sus mayores donantes, y, legalmente, según los casos sentenciados en el Consejo de Seguridad de la ONU, sean los acusados procedentes o no de estados miembros de la CPI.

La resolución 1973 del máximo órgano de la ONU, autorizó en marzo último una zona de exclusión aérea contra el país árabe y, aunque no incluyó los miles de bombardeos y menos, una posible invasión, sirvió de pretexto para dar las órdenes de arresto.

Las historias se repiten, en cada caso, con el mismo modus operandi exhibido en los tiempos posmodernos, tras el fin de la llamada Guerra fría y la era de la globalización neoliberal.

En la otrora Yugoslavia, la CPI fijó la detención del depuesto presidente luego de una resolución del Consejo de Seguridad para establecer una zona de exclusión aérea en Bosnia.

La invasión a Irak no recibió, en principio, el respaldo de la ONU, pero la resolución del Consejo de Seguridad, en abril de 1991 contra ese gobierno, fue utilizada para legitimar la llamada intervención humanitaria de la coalición encabezada por Washington, país que impuso, unilateralmente, una zona de exclusión aérea.

Ante tales antecedentes, el mundo vive hoy, parafraseando la célebre novela de Gabriel García Márquez, la crónica de una invasión anunciada.

La reciente orden de arresto emitida por el fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo, acusa de crímenes contra la humanidad al líder del país norafricano, a su hijo Saif Al-Islam y al jefe de Inteligencia, Abdulah Al-Senussi.

El ministro libio de Justicia, Mohammed Al-Qamoodi, denunció a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por tratar de asesinar a Kadafi, y aseguró que los bombardeos contra su país constituyen crímenes contra la humanidad.

Al-Qamoodi considera a la CPI herramienta del mundo occidental para juzgar a líderes del tercer mundo e irreconoce su legitimidad por no ser Libia signataria del Tratado de Roma.

Además, no se puede entender la decisión de capturar a un presidente que está bajo el bombardeo constante de fuerzas extranjeras, sentenció el dignatario boliviano, Evo Morales.

Algunos presidentes europeos están totalmente equivocados, y en lugar de ser juzgados quienes atacan, quieren condenar a los que enfrentan una intervención militar, fustigó Morales en declaraciones al diario mexicano La Jornada, el pasado 3 de julio.

El vicario de Roma en Trípoli, Giovanni Innocenzo Martinelli, testimonió a Telesur las muertes de civiles por las bombas de la OTAN, entre ellos los cuerpos destrozados del hijo y nietos del líder libio. Europa no pretende la defensa de los ciudadanos, sino está interesada en sus recursos naturales, en especial el petróleo, aseguró.

Mientras que rebeldes intentan llegar a la capital apoyados por las fuerzas extranjeras, Aicha, una joven libia entrevistada para el sitio rebeldia.com, se pregunta por qué Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden el futuro de mi país.

"¿Nosotros le decimos a (Barack) Obama, vete? ¿Podemos ir allá y decirle, vete? Entonces tiene que irse Obama, tiene que irse (Nicolas) Sarkozy, tiene que irse (David) Cameron", enfatizó.

Más de 900 muertos provocaron los bombardeos de la OTAN a tres meses de iniciados los ataques, informó desde Trípoli el corresponsal de Telesur.

Entonces, ¿cómo no juzgar a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad en las intervenciones militares contra Afganistán, Bosnia, Irak, Libia y otros pueblos del tercer mundo?

La OTAN y sus gobiernos deben estar también en el banquillo de los acusados. Pruebas hay de sobra para demostrar las víctimas civiles en sus bombardeos aéreos, navales y terrestres utilizando un alarde de tecnología militar cada vez más efectiva, según los fabricantes.

Cuestionable si se tienen en cuenta los errores y mal llamados daños colaterales provocados por los aviones no tripulados (drones) y aeronaves que seleccionaron sus presas con precisión miope.

Pero seguramente no se investigará ni ordenará el arresto de los uniformados que asesinaron a nueve civiles en junio pasado en Libia, entre ellos tres niños, en un bombardeo sobre el barrio de El Arada. Otro, en la ciudad afgana de Helmand, mató a 12 menores y a dos mujeres al confundir una casa con una trinchera de la insurgencia, admitió la OTAN en un comunicado.

Entre 2003 y 2008 en Irak, las fuerzas de la coalición provocaron la muerte a más de 92 mil 600 civiles, la mayoría mujeres y niños, según un estudio de organizaciones humanitarias.

¿Se puede aceptar la intransigencia del gobierno de Israel que obstaculiza el acuerdo en la ONU para legitimar el Estado palestino, mientras continúa con los ataques, bloqueos e invasión al territorio árabe?

¿Dónde estaba la justicia internacional cuando la ocupación de Irak y de Afganistán, los bombardeos en Gaza y los crímenes cometidos en las prisiones de Guantánamo y Abu Ghraib?, sentenció el mandatario sudanés Al Bashir, poco antes del fallo de la CPI en su contra.

Sudán y Libia no son miembros de la CPI, tampoco Israel y Estados Unidos, y éste último aprobó en el 2002, durante la administración de George W. Bush, la Ley para la protección del personal norteamericano allende los mares. Ésta impide reconocer cualquier decisión de ese órgano penal y autoriza al presidente a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier (estadunidense o aliado) detenido o encarcelado, en nombre de, o a solicitud de la CPI".

Se olvida ponerle el prefijo in a la palabra justicia.