Medios electrónicos se sobreponen al
Estado mexicano: Ernesto Villanueva

Difunet / Redacción

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El pasado 6 de julio el doctor Ernesto Villanueva fue invitado para impartir la conferencia magistral "Desarrollo y retos de la radio, televisión y telecomunicaciones en México", por la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, donde destacó el poder que tienen los poderes fácticos frente al Estado mexicano.

Recordó que salvo en el tema de la radio y televisión abierta, la mayoría de las reformas en telecomunicaciones realizadas en los últimos dos años fueron en el área de la seguridad pública, al recordar la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut) en 2009, a partir de lo cual los concesionarios de telecomunicaciones deben llevar un registro y conservarlo por 12 meses.

Éste registro debe identificar el tipo de comunicación, su fecha, hora y duración, los datos para rastrear e identificar el origen/destino, así como la ubicación digital de posicionamiento geográfico. Asimismo, expresó Villanueva, debe realizar el bloqueo inmediato de líneas reportadas como robadas o extraviadas, entre otros.

De la misma forma también es obligación de los concesionarios de telecomunicaciones colaborar para restringir técnicamente las comunicaciones de voz, datos o imágenes en cárceles federales y locales.

Ante funcionarios del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo argentinos, Ernesto Villanueva señaló, sin embargo, el caso mexicano donde los poderes fácticos de los medios electrónicos se han sobrepuesto al Estado.

Comentó, por ejemplo, que la Suprema Corte resolvió una controversia constitucional en 2009, promovida por la Cámara de Diputados en contra del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedido por el presidente Felipe Calderón, donde determinó que la Cofetel como órgano regulador de radio y televisión abierta, es la autoridad máxima en este sector.

Por lo tanto, la Cofetel puede realizar por sí misma licitaciones para nuevas estaciones de radio y televisión abiertas; resolver sus propios recursos de revisión y sancionar directamente a los concesionarios. Sin embargo, esto no se ha llevado a la práctica porque el poder de los medios electrónicos contrae a las políticas de Estado, como ocurrió con el acuerdo expedido por el presidente Calderón para el apagón analógico.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es coordinador del Área de Derecho de la Información y Libertad de Expresión, comentó la política de las organizaciones sociales que denuncian a los radiodifusores, pero dicen poco sobre el Congreso que no legisla y el Ejecutivo que no aplica la ley, como no sucede en ninguno de los principales países de América Latina como Brasil y Argentina, donde el Estado sigue siendo el poder principal.

La conferencia magistral se dio en el marco de la clausura del primer curso avanzado de derecho de la información y la comunicación para servidores públicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, bajo los auspicios de la Fundación Konrad Adenauer.