Pemex y sus trabajadores de confianza

José Sobrevilla / Noticias del Empleo

sobrevill@yahoo.com.mx

A casi cinco meses de haber sido separada de su trabajo, al parecer de manera arbitraria, la ingeniera química Silvia Ramos Luna, y anteriormente 27 de sus compañeros, en represalia por pretender crear un sindicato para personal de confianza en Pemex (Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros), nada se sabe.

Secreto a voces es que en México los medios no pueden decir la verdad de ciertos temas, a riesgo de perder espacios publicitarios que contratan empresas poderosas como Petróleos Mexicanos y Teléfonos de México, por ejemplo. Sin embargo, en su oportunidad (26-V-11), el despido de Ramos Luna fue ampliamente revisado por Ana Lilia Pérez de la revista Contralínea (número 234); medio que ya había sido proscrito, entre otras cosas, por haber difundido la corrupción en Pemex.

Es evidente que los distintos gobiernos hablan de que en México la libre exposición de las ideas está garantizada por la Constitución y sus administraciones; sin embargo, en los hechos somos testigos de los aniquilamientos mediáticos como el de los trabajadores de confianza de Pemex en sus intentos de conformarse en un sindicato independiente. En su historia, la única oportunidad de constituirse legalmente se las dio el régimen echeverrista pero como parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, hoy en manos de Carlos Romero Deschamps.

El pecado laboral de la ingeniera Ramos Luna ha sido ni más ni menos: encabezar un grupo de ingenieros afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP) en la promoción de un juicio de nulidad por las irregularidades en los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) en Pemex, lo que lograron apoyados entonces por el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, hoy finado.

En la actualidad y a raíz de esta lucha, al parecer, este tipo de contratos fueron suspendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin embargo las represalias al grupo de trabajadores de confianza y profesionistas de Pemex continúan.

No es menor el problema si consideramos que, el 14 de noviembre de 2003 –como se denunció– fue firmado un Contrato de Obra Pública sobre la Base de Precios Unitarios (CSM) entre Pemex Exploración Producción y Repsol Exploración México, SA de CV, por $2,437,196,256 dólares (dos mil cuatrocientos treinta y siete millones, ciento noventa y seis mil doscientos cincuenta y seis dólares) con una vigencia del 9 de enero de 2004 al 8 de enero de 2024, en el cual Repsol Exploración rubricó como obligado solidario.

Ante los juzgados de distrito en materia civil del Distrito Federal, el 29 de abril del 2004, la UNTCIP presentó una demanda de nulidad absoluta del contrato mencionado, por ser violatorio al artículo 27 constitucional.

El argumento de los trabajadores de confianza y profesionistas de Pemex fue simple: ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución, “que es lo que se pretende con las modificaciones que se realizaron mediante la mal denominada reforma energética que Felipe Calderón presentó en la Cámara de Senadores y que fue avalada por ésta”.

Señala Ana Lilia en Contralínea que finalmente, a consecuencia del ultimátum judicial contra la Oficina del Abogado General, OAG, de Pemex, el 20 de mayo de 2010 Silvia Ramos fue reinstalada; sin embargo, “cuando pugnaba por los salarios caídos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció en su favor, le notificaron de una investigación administrativa que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), abrió en su contra por supuesto conflicto de intereses y por “desprestigiar a Pemex”. La demanda fue promovida por la OAG y la oficina del exprocurador Patricio Patrón Laviada”.

El conflicto cobra relevancia por sus actores, pero sobre todo si consideramos lo que está en juego: Tan sólo en 2007, antes del pago de impuestos, Pemex ganó 660,152 millones de pesos, pero pagó por impuestos 676,278 millones de pesos; es decir: 16,126 millones de pesos más de lo que ganó, argumenta la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera AC, y contra eso no hay empresa que pueda ser competitiva. Esto sin contar el abandono que ha tenido la petroquímica básica, a raíz de la propuesta del Partido Acción Nacional de privatizar la refinación del petróleo y la petroquímica básica, propiamente dicha, mediante la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales.