Acotado,
el fuero de guerra
Eduardo
Ibarra Aguirre
forum@forumenlinea.com
Bajo
el titulo Desaparecer el fuero de guerra, se anunció
en la portada de la revista Forum
(número 65, abril de 1998) la columna Reflexiones
desde la prisión militar, mientras en la víspera el
autor José Francisco Gallardo fue sometido a una farsa
llamada consejo de guerra, realizado del 20 de febrero
al 11 de marzo, del que resultó sentenciado a 14 años
y ocho meses de prisión, de un total de casi 29 años.
A
partir de entonces y hasta el 12 de julio pasado,
en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó
la trascendente decisión de acotar el fuero de guerra
–por
una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para que los militares que violen las garantías
fundamentales de los civiles sean juzgados en tribunales
semejantes–,
se brega en las organizaciones de la sociedad civil
y política, en el debate de las ideas, por abolir
un fuero que, como su nombre lo indica, sólo debe
existir en tiempos de guerra.
Como
argumentó el general Gallardo en su planteamiento
periodístico, con todo y tener encima la espada de
la injusticia castrense: “… a través de este fuero
militar el alto mando en una errónea interpretación
se arroga funciones supraconstitucionales que rompen
el orden institucional y fomentan la impunidad, es
decir, la práctica del delito bajo la sombra del poder,
acto que desde la vida independiente del país ha permanecido
incólume; de esta forma, lejos de que el Ejército
auspicie el desarrollo y la convivencia social y pacífica
de los actores políticos del país, se convierte en
un ancla para la democratización de México”. Páginas
8-10 y con la siguiente liga o vínculo: http://www.forumenlinea.com/historicos/1998/065.pdf
La
cita permite poner en relieve la magnitud de la tarea
democratizadora del Estado aún pendiente, pero de
ninguna manera es para regatear el alcance de la decisión
unánime de los 10 ministros presentes, con todo y
que la motivación proviene de la Corte Interamericana
por el caso Rosendo Radilla Pacheco, el dirigente
campesino guerrerense detenido por integrantes del
Ejército el 25 de agosto de 1974, y que 37 años después
gana una batalla que quizá ni siquiera soñó, pero
que también la hicieron posible Tita Radilla y los
familiares de las 437 víctimas, documentadas, de desaparición
forzada.
La
SCJN otorgó facultades a los tribunales para que analicen
e interpreten en casos concretos las leyes que aplican
para que las sentencias estén apegadas a la Constitución
y los tratados internacionales. Concluyen, así, 70
años de monopolio de la Suprema Corte al respecto.
La
torpe respuesta conjunta de las secretarías de Gobernación,
Defensa y Marina de que el gobierno federal “reitera
su respeto a los criterios orientadores (sic)
formulados por el máximo tribunal”,
los exhibe pillados con las manos en la puerta.
Por si no fuera suficiente lo anterior, presumen que
“el único delito” para el que se retiró el fuero castrense
“tiene que ver con los derechos humanos”.
En
tanto que altos mandos castrenses cabildean y hasta
presionan a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional
del Congreso para que acelere la aprobación de una
ley en la materia, que legitime la anticonstitucional
intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
pública, por decisión autocrática de su comandante
supremo, quien ya ensangrentó a buena parte del país.
El
ministro Arturo Zaldívar fue muy claridoso para que
generales y almirantes comprendan la tarea que realizó
la SCJN y el papel que le tocó desempeñar: “… no porque
nosotros lo decidamos, sino porque hay una decisión
de la Corte Interamericana que hemos decidido que
nos obliga y nos vincula”. No se enojen, pues.
Acuse
de recibo
Guerra,
cifras y realidad (13-VII-11), es para el doctor
Octavio Rodríguez Araujo “muy
buena nota, como siempre. Ésta es muy elocuente”…
Apoyándose en Norberto Bobbio, Esperanza Falcón concluye
sobre el mismo texto: “Por
tanto, podemos seguir aspirando a la búsqueda y consolidación
de una democracia ideal que permita eliminar el poder
invisible en el que se ejercen actos de corrupción”...
El columnista Héctor Murillo Cruz escribió,
el domingo 10 en el diario Unomásuno
y en el periódico Voces
del Periodista –del Club de Periodistas de México--,
lo siguiente: “Diversos
gobiernos sexenales intentaron frenar el enorme gasto,
pero fue hasta el gobierno del presidente Vicente
Fox cuando el secretario de Gobernación, Santiago
Creel, expidió en 2003, un acuerdo que controla los
programas y las campañas de comunicación social de
las dependencias y entidades de la administración
pública federal, el asunto quedó en manos de la Dirección
General de Normatividad de Comunicación, a cargo entonces
de la escritora Fátima Fernández Christlieb, amiga
personal, quien prefirió renunciar ante la flojedad
del secretario Creel, y después se iniciaron restricciones
que hoy afectan a revistas críticas, entre las cuales
figura Forum,
que hubo de transformarse en una publicación vía internet
(Forum en Línea)
muy exitosa. Felicitamos al director Eduardo Ibarra”.
